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Piden la convocatoria de la Mesa de la Memoria, tras el compromiso de la concejala responsable del área en el pleno de abril de este año

 

El portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, considera un buen paso el cambio de nombre de la antigua calle Capitán Brotons por el de Alonso Suárez Melián, último alcalde republicano de La Laguna, cumpliendo con ello con parte de su moción aprobada en el pleno ordinario de abril de 2016.

“Este jueves además se cumplen justo 82 años de la detención de este representante público por los golpistas y su traslado a diversas prisiones, así como al campo de trabajo forzados de lo que hoy es el aeropuerto de Los Rodeos”, comenta el concejal de la confluencia lagunera. Ascanio recuerda que fruto de los acuerdos plenarios de esa moción de hace dos años se ha logrado que cambien Calvo Sotelo, denominada ahora Leonardo Torriani, Santiago Cuadrado que llevará el nombre de Cristino de Vera, José Antonio, que se denominará Presidente Adolfo Suárez y Delgado Barreto que será rebautizada como Pedro Zerolo.

Lamenta al mismo tiempo que otros elementos de esa moción sigan sin desarrollarse, concretamente los referidos a otras vías que incumplen con la Ley, como Ernesto Ascanio y León Huerta, Centurión o Narciso de Vera. También está pendiente de realizarse la colocación de la placa que recuerde a los once laguneros asesinados y enterrados, según la memoria oral, en el cementerio de San Juan, entre los que estaba el concejal comunista Domingo García. Tampoco se han colocado las imágenes que recuerden a los ediles asesinados, Sebastián Perera y Domingo García, mientras sí se mantiene el retrato en el salón anexo al pleno de Santiago Cuadrado, militar golpista colocado como alcalde la jornada del 18 de julio y encargado de las primeras depuraciones del personal del Ayuntamiento, sindicalistas, cargos públicos y militantes de izquierda.

Pendientes de la Mesa de la Memoria

Rubens Ascanio recuerda que en el pleno del mes de abril acordaron retirar una moción destinada a dar más pasos en el cumplimiento de la Ley de Memoria, tras el compromiso de la responsable del área de Presidencia y Planificación, Mónica Martín, de poner en marcha la Mesa de la Memoria, aprovechando además la colaboración del cronista oficial de La Laguna, Eliseo Izquierdo. Tres meses después la formación lagunera no tiene noticias de su convocatoria, considerando que la misma “debe ponerse en marcha lo antes posible para seguir avanzando en algunos asuntos pendientes”.

A este respecto recuerda que sus propuestas en esa ocasión se vinculaban con la identificación de los lugares que fueron el centro de la represión política en el municipio. En este caso se refiere a lugares como la cárcel de la calle Consistorio y los antiguos salones del centro de reclusión de Rancho Grande, que proponen que sea protegido, ya que en el proyecto de Plan General se ubicarían suelo para oficinas sobre su estructura, estudiando paralelamente fórmulas para su adecuación como espacio de la memoria de la represión franquista. Igualmente defienden la colocación de placas explicativas en los lugares donde se utilizó mano de obra forzada, como en el aeropuerto de Los Rodeos, donde trabajaron en las obras de la pista, y en la antigua vía militar de San Roque. Otro elemento que debe ser abordado es el de la retirada de las medallas de bronce a los voluntarios del 18 de julio, otorgadas en el pleno del 26 de junio de 1967 del Ayuntamiento de La Laguna por “encuadrarse en las filas del Ejército dispuestos a defender la patria”. El edil de Unid@s se puede entiende que ese acuerdo plenario sigue vigente y “debe ser revocado, igual que se hizo con la entrega de la medalla de oro de la ciudad a Franco en 1966, que se resolvió finalmente en el 2016, tras dos años de inacción”.

El concejal indica que en caso de no convocarse esta Mesa optarán por volver a presentar la moción antes de finalizar el año, “para poder avanzar en el recuerdo de las víctimas de la represión franquista y en señalar los incumplimientos de lo que establece la legalidad, donde esperan encontrar una vez más el apoyo mayoritario del pleno”.

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La Hoya Baja es una pequeña calle del pueblo de La Punta, que une la parte alta del pueblo y la carretera general, con la parte baja, más próxima al mar. Una zona donde conviven familias y pisos turísticos. Dicha vía, angosta y curiosa, no tiene salida, sino que acaba en unas anchas escaleras bastante inclinadas.

Al solo existir escaleras, las personas que van con carrito de bebé o personas con movilidad reducida que van en silla o muletas sufren una gran incomodidad, teniendo que utilizar vías alternativas más alejadas y en algún caso, más inclinadas”, afirma Idaira Afonso.

Las escaleras a las que se alude y tal como se indica, presentan una importante inclinación, por lo que habría que estudiar la mejor solución para la ubicación de una rampa o similar, que garantice el derecho de todas las personas a poder transitar. “Es necesario ir dando a conocer las zonas en las que no se está cumpliendo con la accesibilidad, con afán de mejora y de ir conquistando derechos, y este es uno de esos casos”, afirma Afonso.

Personas mayores, padres y madres con carritos de bebé o personas con algún tipo de problemas de movilidad, deberían poder ir de un punto a otro con comodidad, sin necesidad de alargar el trayecto o realizándolo con menor seguridad,“especialmente porque en este caso, es posible buscar una alternativa”, concluye Afonso.

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La propuesta que defendió el concejal de seguridad para el nuevo depósito es una localización cercana a Pueblo Hinojosa, clasificada en el Plan General como zona verde

 

La principal fuerza de la oposición en el consistorio lagunero ha respondido este jueves a las acusaciones vertidas por el concejal de Seguridad Ciudadana, Jonathan Domínguez, que responsabilizaba a esta formación, de haber votado en contra del nuevo emplazamiento previsto por el grupo de gobierno en Pueblo Hinojosa y del retraso en la puesta en marcha del nuevo depósito municipal de vehículos.

Para Unid@s se puede “la localización donde el grupo de gobierno pretendía ubicar el nuevo depósito de vehículos, que se encuentra en Villa Hilaria, está ubicado un lugar calificado urbanísticamente como zona verde y cercana a viviendas, por ese motivo y por lo que establece el pliego de condiciones del servicio municipal de grúas, votamos en contra de esa iniciativa”. En la sesión plenaria donde se debatió el asunto, en noviembre de 2017, el consistorio rechazó por trece votos una moción de XTF-NC para la reconsideración de la inversión pública en el nuevo depósito de grúas municipal y aprobó una enmienda de sustitución, defendida por el propio Jonathan Domínguez, donde figuraba el polémico emplazamiento y que se pedía que se continuara la tramitación “con carácter de urgencia” con ese expediente, “lo que tampoco han cumplido, no sabemos si por haber atendido a nuestra propuesta y a la del movimiento vecinal de la zona de búsqueda de un lugar alternativo, que tampoco se ha realizado en estos ocho meses”.

“Le recomiendo al señor Domínguez que hable más con el personal de la casa para conocer la verdadera situación del servicio y poner solución a un problema que solo requiere de voluntad política” comenta el concejal de Unid@s se puede, José Marrero. El edil recuerda además que “el grupo de gobierno municipal no ha ejecutado dicho acuerdo plenario ni tampoco ha seleccionado una localización alternativa, una muestra más de su inacción”.

El edil lagunero pide que el Gobierno de CC-PSOE “deje de acusar a la oposición de todos sus males y se ponga manos a la obra en la búsqueda de un suelo público adecuado para ese emplazamiento”.

El servicio de depósito municipal de vehículos corresponde, según normativa municipal, al mismo licitador que gana el concurso del servicio de grúas. El actual concurso fue ganado en el año 2004 por la cooperativa Grúas Poli, famosa por ser el epicentro del mediático “Caso Grúas”, caso en el que figuran como imputados el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el portavoz del grupo Coalición Canaria, Antonio Godiño.

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José Marrero, concejal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, registró hace unos días una solicitud de información para conocer el proyecto de ampliación y mejora de las oficinas municipales, así como para alertar del riesgo que supone el actual depósito de vehículos retirados de la vía pública por las grúas municipales.

El edil indica que desde hace meses el aparcamiento del Ayuntamiento se encuentra en una situación preocupante por el cúmulo de vehículos existentes, procedentes de retiradas de coches y motos de la vía pública por las grúas que realizan este servicio. “Estos vehículos ocupan un amplio espacio, estando en algunos casos en condiciones técnicas muy precarias y sin las condiciones de seguridad que deberían, especialmente aquellos accidentados”, explica.

Marrero indica en su escrito que en la actualidad “este lugar tiene un fácil acceso desde la calle, no cuenta con una estricta vigilancia y además linda con oficinas municipales y lugares como el Archivo Histórico Municipal, lugar que engloba algunos de los documentos claves para conocer nuestra historia”. En ese sentido considera que la situación actual “supone un riesgo para el conjunto de las casas Consistoriales y para el propio servicio de retirada, que lleva años envuelto en la polémica”. Por ello creen necesario “buscar suelo público alternativo y adecuado para ubicar este depósito provisional que no suponga un riesgo y en donde las condiciones de seguridad sean más mejores”.

Igualmente la formación lagunera quiere conocer los datos que existan sobre el proyecto de ampliación y mejora de las oficinas municipales, que desde hace años se plantea y que “puede suponer una sensible mejora en las condiciones de trabajo de buena parte de las personas que trabajan en el Ayuntamiento y además una medida que favorezca la accesibilidad de las instalaciones municipales, así como un sensible ahorro en lo que actualmente se paga como alquileres para ubicar espacios de oficina municipal”. Marrero cree que es necesario “trabajar entre todas las organizaciones con presencia municipal para tratar este asunto, que puede ayudar a tener un Ayuntamiento más eficiente y cercano a la ciudadanía, igual que si logramos aplicar esas mejoras en las actuales tenencias de alcaldía o las que se quieran tener en un futuro, como el caso de Taco”.

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Unid@s se puede denuncia ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural el tratamiento de herbicidas junto a las charcas de Bajamar

 

Este viernes la concejala de Unid@s se puede en La Laguna, Idaira Afonso, ha trasladado a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y a la Policía ecológica de La Laguna una denuncia formal en la que plasma la preocupación que se ha generado ante las fumigaciones que se han detectado junto a las charcas de riego de Bajamar los días 27 y del 28 de junio.

La edil indica que “se trata de una fumigación de lo que aparentemente son herbicidas junto a estas zonas húmedas, sin uso de carteles informativos u otros mecanismos a los que obliga la normativa vigente”. Explican en la denuncia que este ámbito se encuentra dentro del Plan especial de protección de las áreas de agricultura tradicional y hábitats húmedos en el entorno de Bajamar, según la adaptación básica del texto refundido del Plan General del 2004, vigente en la actualidad. Afonso manifiesta que se corresponde con Suelo Rústico de Protección de la Agricultura Tradicional en Bajamar y de Protección Hidrológica, en los Barrancos de La Galeta, Porlier y Perdomo, así como el entorno que determina el PGO.

La formación lagunera recuerda en su denuncia que la zona es desde la década de los setenta un punto de estudio de la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife), que “lo cataloga como uno de los humedales más interesantes de Canarias, por la variedad de aves que lo visita o que vive en su entorno”.

Según el documento del Plan Insular de Biodiversidad, plan interno del Cabildo de Tenerife hecho para organizar sus actividades en relación con la preservación de la biodiversidad y el uso sostenible de las especies silvestres y los cultivares y razas autóctonas de la isla, en su página 30, se establece estas charcas como áreas potenciales a proteger con alguna de las figuras existentes en la normativa de protección de la naturaleza. En este sentido Afonso considera grave “que se haya realizado esta fumigación a tan poca distancia de las zonas húmedas, lo que puede afectar gravemente al entorno natural y también de cara a los usos agrícolas de estas aguas, ya que casi el 90% de los herbicidas contienen como principio activo el glifosato, producto de alto impacto ambiental”.

Esperamos que la APMUN y la Policía ecológica ayuden a certificar lo realizado y a que nuevas acciones de este tipo no tengan lugar, además creemos que es una oportunidad de poner en valor las propuestas que estaban presentes en el Plan Especial aprobado para la zona, en el que la protección de estas charcas es clave”, apostilla.

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El portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento lagunero, Rubens Ascanio, solicitó el pasado ocho de junio la celebración de una reunión extraordinaria de la Mesa de Seguridad municipal para tratar el repunte de las quejas vecinales vinculadas con inseguridad en los distintos núcleos de población del municipio.

El principal grupo de la oposición señala que “en las visitas realizadas en las últimas semanas hemos notado un importante incremento de quejas sobre problemas de hurtos en comercios y asociaciones vecinales, así como daños al mobiliario público, protagonizadas especialmente por jóvenes”. Hemos pedido “que se proceda a  la convocatoria de una Mesa de Seguridad monográfica, en la que también estén presentes los responsables del área de menores del Ayuntamiento, para abordar las acciones que sean necesarias para afrontar este problema”.

“Apostamos por la búsqueda de recursos necesarios para tratar estas situaciones con intermediación, trabajo social y comunitario, además de prevención, antes que con la aplicación de medidas policiales que creemos que deben ser el último recurso”, manifiesta. Ascanio comenta que “en varias ocasiones en el presente mandato hemos celebrado estas mesas de seguridad, con presencia de policía local y nacional, para abordar asuntos similares”.

Algunos de los casos que van a trasladar se refieren a situaciones de hurtos continuados y amenazas a trabajadoras de pequeños comercios del Casco, daños en espacios públicos de San Roque o el problema que se vive en varios núcleos de Taco, que además “llevan tiempo demandando una mayor presencia policial en la calle, con agentes de cercanía e intermediación”. En el mismo sentido apunta a la necesidad de “clarificar qué sucede con la policía local lagunera, cuerpo que lleva tiempo inmerso en problemas organizativos, de falta de recursos y de personal, que además pueden verse incrementados seriamente si en los próximos cinco años concluyen las jubilaciones que pueden afectar a unos 30 agentes, que dejaría aún peor la ratio existente en nuestro municipio”.      

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La colaboración del alcalde con el Ministerio de Defensa “deberían centrarse en conseguir recuperar los acuartelamientos militares sin uso en la actualidad para que sean destinados a espacios públicos”

 

José Luis Hernández, concejal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, preguntará en el próximo pleno municipal por el coste que tendrá para las arcas municipales y la colaboración que se desarrollará con el Ministerio de Defensa del acto denominado Jura o Renovación de Juramento a la Bandera para personal civil y militar.

Este evento, que está siendo convocado por el General Jefe del Mando de Canarias y el Alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, se desarrollará el 16 de junio en la plaza del Cristo. El edil considera “llamativo que una ceremonia de este tipo se celebre en una plaza pública y con un contenido evidentemente militarista, algo que nos parece difícilmente compatible con la defensa que se hace de La Laguna de ciudad de paz y abierta”.

Hernández considera que este tipo de actos se corresponden con otras épocas, “aunque es evidente que en este momento se vive una ola de conservadurismo que tiene un reflejo en este tipo de eventos vinculados con lo más rancio del patriotismo y la exaltación de lo militar”. El concejal cree además que es llamativo que “sea un alcalde presuntamente nacionalista y que participó en el movimiento antimilitarista el que ceda una plaza pública para desarrollar esa actividad”.

La formación lagunera recuerda que el municipio de La Laguna, a través de su pleno, “ha manifestado en varias ocasiones durante su etapa democrática la voluntad de ser municipio para la paz y abierto a los valores vinculados al pacifismo”. Considera que “estas exaltaciones de los valores castrenses y de un patriotismo tradicionalista en plena vía pública resultan como mínimo chocantes, más aún si se usan recursos públicos para ello”.

Para José Luis Hernández “puede ser comprensible que el Ministerio de Defensa quiera realizar este tipo de acciones, pero para ello disponen de enormes extensiones de suelo que están reguladas por esta institución en el municipio, donde este tipo de eventos cabrían”. Opina que “la presencia de Coalición Canaria en la organización de esta actividad, mandando incluso concejalas de esa formación invitaciones personales a colectivos y entidades del municipio, es una nueva paradoja de una fuerza que se dice nacionalista canaria pero que comulga con los valores más tradicionales del nacionalismo español”.

Finalmente el concejal cree que las labores de colaboración del alcalde con el Ministerio de Defensa “deberían centrarse en conseguir recuperar los acuartelamientos militares sin uso en la actualidad para que sean destinados a espacios públicos y a cubrir las necesidades del municipio, más que en ejercer las funciones de anfitrión de actos de este tipo, que consideramos alejados de lo que es hoy en día la sociedad lagunera”.

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La falta de cumplimiento en las fechas previstas genera serios inconvenientes a los vecinos y vecinas, mientras la empresa adjudicataria recibió 20 puntos por ofertar el menor tiempo de ejecución

 

El portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, informó este martes que ha recibido respuesta por parte del Cabildo, gracias a una iniciativa del portavoz del grupo Podemos en esa institución, Fernando Sabaté, en la que se le da traslado de los informes relativos a las obras previstas en el Camino La Rúa del proyecto de mejora de cauces públicos de la Vega Lagunera ejecutado por el Cabildo y que se viene realizando desde hace varios meses por la empresa ACCIONA.

El edil de la confluencia lagunera recuerda que la asociación de vecinos Ruala les trasladó su malestar en el mes de febrero por el efecto de esta obra en los accesos al barrio y a varios núcleos de población cercanos, como el Bronco y Lomo Largo, además de elementos como el vertido de aguas residuales al cauce del barranquillo cercano, malos olores y mosquitos. “Hasta el momento hemos realizado una pregunta en el Pleno, donde el responsable del área de Obras, Antonio Pérez Godiño, nos informó que este proyecto del Cabildo se estaba desarrollando en tiempo y forma, y la solicitud a través del grupo Podemos de la institución insular, para conocer qué problemas estaban dándose”, asegura.

Según el acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo, del pasado 30 de abril, esta obra por valor de más de 839.000 euros se entregó a ACCIONA, que logró 20 puntos por la reducción del plazo de ejecución. “Según el informe técnico de abril la obra tendría que haber finalizado el dos de mayo, pero acumula un importante retraso”, comenta Ascanio.

En el escrito técnico se refleja que el traslado de un poste de telefonía se demoró durante cuatro meses más de lo previsto, según la empresa adjudicataria “por culpa de telefónica”, el informe además refleja que “han ubicado mal un poste de telefonía y lo tienen que volver a trasladar para poder ejecutar el tramo final”. En febrero de este año la empresa adjudicataria solo había certificado el 7,9% de la obra mientras que el plazo de ejecución ya se había cumplido al 69%, por lo que en marzo ACCIONA pidió una ampliación de tres meses más para finalizar el proyecto, que debería concluir antes del 31 de julio de 2018.

El portavoz de Unid@s se puede cree que desde el Ayuntamiento “hay que exigir explicaciones al Cabildo por la falta de cumplimiento en las fechas previstas por los serios inconvenientes que están generando a los vecinos y vecinas, más aún cuando la empresa adjudicataria lo fue por ser la que aseguraba un menor tiempo de obra, cosa que evidentemente no ha sucedido”. Apunta que existen vías para aplicar penalizaciones a la adjudicataria las obras de la forma en la que establece el contrato, “más aún cuando en teoría no hay causas justificadas de este retraso, que esperamos que concluya lo antes posible”.

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Asegura que le parece escandaloso que unos 200 millones de euros de la gestión del agua en La Laguna no hayan sido objeto del control

 

José Luis Hernández, concejal de Unid@s se puede en La Laguna, preguntó en el último pleno municipal por los controles internos que se están realizando conforme a la legalidad vigente a la empresa mixta Teidagua, reconociéndose por parte del interventor municipal que durante ocho años no se había podido desarrollar esa acción debido a la falta de medios de su área.

El edil indica que según el artículo 213 del TRLHL modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local se regula entre las funciones de la Intervención municipal “las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia”. En base a eso quisieron saber el control interno realizado sobre esa sociedad por el Ayuntamiento de la Laguna y en qué sesiones plenarias se ha informado de los controles internos realizados, “recibiendo una respuesta que nos ha escandalizado realmente”, según comenta Hernández.

La formación lagunera señala que el Interventor municipal, Gerardo Armas, quiso explicar en el Pleno que “en los últimos ocho años por falta de medios en la intervención y por falta de un marco regulador concreto de las actuaciones a realizar en el ámbito local, no se han realizado actuaciones de control interno en Teidagua”. El concejal asegura que le parece escandaloso que unos 200 millones de euros generados en estos años con la gestión del agua en La Laguna, un servicio público fundamental, no hayan sido objeto del control que establece una ley aprobada en 2013, dejando claro que la intervención municipal está siendo objeto de lo que parece una auténtico bloqueo de sus funciones, claves para garantizar la buena gestión de los recursos públicos”.

Para José Luis Hernández la gestión de la empresa mixta responsable del agua sigue siendo absolutamente opaca, más aún con el bloqueo que se nos viene realizando de la documentación que hemos solicitado como cargos públicos. “Da la sensación que el Gobierno local de CC-PSOE ha entregado esta importante actividad a la parte privada sin realizar el más mínimo control o auditoría seria para saber qué se hace con los casi 25 millones de euros que cada año se generan con este servicio y si el mismo se desarrolla correctamente, garantizando entre otras cosas la libre concurrencia de empresas, asegurando que el servicio es adecuado y que los gastos que se realizan son en base a lo que establecen los precios de mercado”, apunta.

El concejal afirma finalmente que harán las consultas jurídicas pertinentes para saber si esta situación de descontrol durante ocho años de lo que establece el artículo 213 del TRLHL modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local debe ser objeto de un estudio en sede judicial y “que se aclaren las responsabilidades de esta inacción, que creemos que se basan en un gobierno al que no le interesa auditar la gestión de determinadas empresas que llevan años obteniendo enormes beneficios del municipio”.

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Pide que el Ayuntamiento de La Laguna o realice más actividades de formación y concienciación contra el acoso, el abuso sexual, la violación y cualquier conducta contra la libertad sexual.

 

El Grupo Municipal Unid@s se puede, solicitará al Pleno en su sesión de mayo que apoye la reivindicación ciudadana para que se revise la sentencia del caso “La Manada”, toda vez que ha suscitado tal rechazo que miles de personas tomaron las calles de todo el país el pasado 26 de abril, coincidiendo con la lectura de la sentencia.

Dicha sentencia, condena a los acusados a 9 años de prisión por, entre otros, un delito de abusos sexuales y no por violación, como se solicitaba y se esperaba. La actuación y voto particular de uno de los magistrados, que pedía la libre absolución de los acusados, ha suscitado gran agitación entre la población, a lo que hay que sumar la publicación de la sentencia de forma integra, desvelándose datos no publicados de la violación y de todos los datos personales de la chica, lo que ha hecho crecer, aun más si cabe, el malestar de la ciudadanía.

“Los hechos probados son claros. Hubo un uso de fuerza e intimidación, no se aprecia consentimiento alguno. Los hechos recogidos en el propio auto judicial, indican como incluso la humillaban sentándole las nalgas en la cara, grabándose y haciéndose fotos, simplemente para humillarla aún más, pero parece que esto no fue suficiente, y ahora además de cuestionar a la chica, se busca humillarla”afirma Idaira Afonso, firmante de la propuesta y añade que “la sentencia recogía que no se podían desvelar datos de la víctima y que los culpables no podían dirigirse a la misma; sin embargo, el que desempeña un cargo de servicio a la ciudadanía, no ha dudado en escribir una carta humillándola, desacreditándola y riéndose del feminismo y de las personas que nos hemos echado a la calle a decir ¡basta!”

La cultura de la violación convierte a las mujeres en meros objetos al servicio de los deseos de los hombres, lo que confiere una percepción de permisividad ante actitudes claramente vejatorias, con una insistencia infinita para medrar en la voluntad de la mujer y que ésta 'se deje', quiera o no. “La cultura de la violación se perpetúa porque se normalizan comportamientos claramente sexistas y abusivos fomentados por el miedo y el silencio a denunciarlos. Se necesitan medios económicos, personales, mejoras en el sistema judicial, protección a las víctimas. El lazo violeta y el minuto de silencio no evitan asesinatos ni violaciones.”

Afonso cree que, lejos de los objetivos que se pretenden conseguir a través del Pacto Contra la Violencia de Género, la Ley contra la Violencia de Género, la histórica Huelga Feminista del 8 de marzo y de tantas políticas feministas y transversales, “la Audiencia de Navarra, entiende que lo ocurrido durante los San Fermines de 2016, fueron abusos sexuales, sin concurrir intimidación o violencia, entendiendo que la joven violada, no se resistió ni trató de defenderse y por lo tanto estiman que no se trata de una violación. La sentencia transmite una peligrosa idea de impunidad.”

La confluencia lagunera solicitará al Ayuntamiento que se sume a las muestras de rechazo social por una sentencia que entienden como “excesivamente laxa”, manifestándose además “en apoyo a los colectivos feministas que luchan por una plena igualdad y sobre todo, en apoyo a las víctimas de violación, quienes además deben lidiar con un estigma social de por vida”. Igualmente insiste en dotar suficientemente el II Plan de Igualdad para, a través del mismo, realizar más actividades de formación y concienciación contra el acoso, el abuso sexual, la violación y cualquier conducta contra la libertad sexual de las personas; y solicitar al Ayuntamiento que garantice la atención, apoyo y derivación a servicios adecuados, a toda mujer que denuncie haber sufrido acoso, abuso o violación. La prevención es siempre la mejor solución.

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