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Rubens Ascanio y María José Roca, concejales de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, expusieron en una rueda de prensa celebrada en la mañana del martes la voluntad de trasladar una denuncia al juzgado en los próximos días en la que detallarán los datos referidos al emplazamiento ilegal de diecinueve máquinas expendedoras en nueve centros ciudadanos de titularidad pública, durante doce años.

Entre 2006 y mediados de 2018 los centros ciudadanos de El Tranvía, San Diego, Las Madres, Las Chumberas, Vistamar, Valle de Guerra, Punta del Hidalgo y Pérez Soto dispusieron de un total de diecinueve máquinas expendedoras de bebidas y alimentos sin el más mínimo expediente abierto ni título habilitante.

La concejala del principal grupo de la oposición lagunero señaló que en febrero de 2018 recibieron una denuncia vecinal en la que "se nos aseguraba que ninguna máquina expendedora ubicada en numerosos centros ciudadanos del municipio contaba con la más mínima autorización para su instalación". Roca detalla que "tras solicitar los expedientes correspondientes y tras una importante falta de respuesta logramos un informe técnico del área de Participación, en junio de ese mismo año, en el que se detallaba la ilegalidad de las mismas".

Roca recuerda que la instalación de máquinas expendedoras sin autorización "vulnera la normativa de patrimonio de las administraciones públicas, por el uso privativo del espacio público, y de contratación porque no ha habido posibilidad de optar a la licitación por parte de distintas empresas en condiciones de igualdad, y además supone un coste extra para las arcas municipales, por el consumo de electricidad".

La edil indica que la ley establece que "la adjudicación de una concesión para usar un dominio público, la empresa debe abonar los gastos derivados de la instalación de las máquinas y de disponer de un seguro de responsabilidad para responder a posibles daños causados a terceros o al propio Ayuntamiento, además de asegurar su correcto mantenimiento y servicio, cosa que no ha sucedido".

Explica que desde 2014 el Reglamento de Uso y Gestión de Centro Ciudadanos ya habla de estas máquinas expendedoras, un documento que tuvo un coste de redacción de más de 600.000 euros, y al mismo tiempo establece en su artículo 23 la prohibición de actividades que “impliquen ánimo de lucro” y establece que las actividades que supongan un uso privativo deben, según el artículo 44, contar con “autorización expresa del ayuntamiento”. Cree que con “el evidente uso de mecanismos de arbitrariedad, como los que se pueden constatar en los informes, también se impide a otras empresas participar en igualdad de oportunidades y tampoco se vela por una correcta atención a la ciudadanía".

Por su parte Rubens Ascanio considera que "este caso refleja una práctica que tiene mucho que ver con el ADN político de Coalición Canaria, de aquellos que ven el municipio como su finca particular, donde la política de amiguetes ha tenido un peso muy negativo".

Dos empresas, Velma Ven y C.B Vending, fueron “las afortunadas beneficiadas de un negocio redondo durante unos doce años”. Manifiesta a este respecto que “los vecinos y vecinas de La Laguna, con sus impuestos pagaron la luz, el agua y el espacio público que ocuparon estas máquinas sin que las mismas, al menos oficialmente, reportaran beneficio alguno para la administración”, manifiesta.

En la comparecencia celebrada en el Pleno de diciembre obtuvieron "una respuesta del concejal Jonathan Domínguez en la que directamente mintió, donde atribuye la instalación de estas máquinas a los propios colectivos vecinales, algo totalmente increíble tratándose de edificios de titularidad municipal desde un inicio. Además el concejal aseguró en su declaración que “no tenemos constatado el origen de esas máquinas” y “no pensamos iniciar ninguna caza de brujas” con este asunto". La comparecencia de mostró una cosa clara, Coalición Canaria "no tiene la más mínima voluntad de mirar debajo de una alfombra que es propia, no quiere que se conozca quién y cómo se autorizaron esas máquinas, ni realizar una investigación oficial al respecto, con una voluntad manifiesta de no dar respuesta a nuestras solicitudes de información". Considera por ello que deben “tomar determinaciones claras y efectivas, en defensa del interés general de los laguneros y laguneras".

Ascanio afirmó en su intervención que, “solo en luz, hablamos de un coste aproximado anual de unos 180 euros por máquina, lo que supone unos 3.420 euros anuales en total, en los últimos doce años 41.040 euros”. Con respecto a las tasas municipales sería un monto pendiente de pago de 3.623,68 euros anuales, “en doce años han dejado de pagar a las arcas públicas 43.484 euros”. En total hablan en el grupo municipal de "más de 84.000 euros que no se han repercutido en las cuentas municipales de forma positiva, siendo dificil de calcular el beneficio económico obtenido como resultado de esta actividad ilegal".

El grupo opositor registró el pasado 21 de diciembre un escrito en el que reclaman a la concejalía de Hacienda, en base al artículo 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de dominio público, el cobro a las empresas comentadas de la cuota correspondiente, 190,72 euros por máquina y año, hasta donde la ley permita. Además pidieron a la concejalía de Servicios Municipales que haga lo mismo con el consumo de luz mencionado. Igualmente en la misma fecha reclamaron la apertura de expedientes informativos y además los expedientes referidos a máquinas expendendoras ubicadas en instalaciones deportivas o la escuela municipal de música, "que sospechamos que puedan estar en una situación similar y podrían sumar en total una treintena".

Finalizan anunciando que, ante "la deliberada inacción municipal para aclarar las responsabilidades y lo que creemos que es una voluntad obstruccionista, no tenemos otro remedio que acudir a la vía judicial en los próximos días para aclarar lo sucedido y exigir las responsabilidades que tengan lugar ante una situación". Indican que en otros municipios del Estado denuncias similares han supuesto la apertura de diligencias previas y darparte de incoación al Ministerio Fiscal, porque los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracciónpenal” y que pueden ser constitutivos de presuntos delitos de malversación de caudales públicos”.

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Cree que el aniversario permitirá reivindicar al municipio como un territorio implicado en la demanda de un futuro mejor, más sostenible, solidario y justo

 

Los días 25 y 26 de febrero de 1994 La Laguna acogió la celebración, con motivo de un encuentro del Instituto Tricontinental de la Democracia Parlamentaria y los Derechos Humanos de Universidad lagunera, una reunión de la UNESCO en el que treinta personas expertas procedentes de una veintena de países pertenecientes a todas las regiones geopolíticas de la Tierra, liderados por el naturalista francés Jacques Cousteau, aprobaron el llamado proyecto de Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras.

En febrero del año pasado el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, registró una propuesta dirigida al alcalde, José Alberto Díaz, en la que solicitaba la puesta en marcha de "acciones para recordar este año ese primer cuarto de siglo de uno de los encuentros más importantes que se ha desarrollado en el municipio, por la entidad de sus participantes y por lo relevante de los acuerdos alcanzados". El edil cree que el aniversario permite "celebrar ese momento y al mismo tiempo reivindicar el papel de nuestro municipio como un territorio implicado en la demanda de un futuro mejor, más sostenible, solidario y justo".

La declaración fue uno de los símbolos del cincuenta aniversario de la ONU y la Unesco, que se conmemoró en el año 1995, compuesta originalmente por catorce artículos que, entre otras cosas, reclamaban la preservación del medio ambiente y los bienes culturales para las generaciones venideras. En ese momento, el por entonces director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, aseguró a los medios de comunicación que “ésta es la primera vez en la historia que la solidaridad se aplica a entes jurídicos que no existen”. La misma idea ha sido compartida por el jurista Kenneth Mac Farlane, quien manifiesta en sus artículos que la redacción consensuada de la Declaración de La Laguna, “contiene con mucha claridad la primera enumeración histórica de los derechos humanos de las generaciones futuras”.

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 29ª reunión celebrada en París del 21 de octubre al 12 de noviembre de 1997, acordó la que se denominó finalmente como “Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras”.

Ascanio, como portavoz del principal grupo de la oposición, espera que José Alberto Díaz, en los once meses transcurridos desde que registraron la propuesta, "haya previsto la realización de alguna actividad basada en esta propuesta, que creo que sería una buena noticia, la ejecute quien la ejecute, ya que es reivindicar una historia colectiva de defensa de un futuro mejor para todas las personas".

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Lamenta que en este mandato se haya perdido la oportunidad de actualizar el reglamento de participación, para incorporar cuestiones como las Juntas de Distrito

 

Unid@s se puede anuncia el regreso a las tenencias de alcaldía municipales después del parón navideño, acción que vienen desarrollando desde el inicio del presente mandato como parte de una dinámica de trabajo de cercanía que defienden.

El portavoz del principal grupo de la oposición, Rubens Ascanio, afirma que esta dinámica de apertura de estos espacios forma parte de una apuesta clara por “la descentralización municipal, para facilitar a la ciudadanía el que puedan hacer consultas, presentar quejas o propuestas acercándonos a los distintos pueblos y barrios, no parece imprescindible para que la participación de la población en la vida política sea lo más participativa y real posible”.

En este sentido Ascanio recuerda que Unid@s se puede es el único grupo que durante esta legislatura ha tenido una presencia periódica y constante, anunciada de forma pública, en las tenencias municipales, para facilitar el acercamiento de la ciudadanía. “Queremos que los vecinos y vecinas no se vean obligados a subir al Casco para realizar sus quejas o peticiones, la cercanía es clave y las tenencias deben ser potenciadas”, manifiesta.

En este sentido lamenta que en este mandato “se haya perdido la oportunidad de actualizar el reglamento de participación, para incorporar cuestiones como las Juntas de Distrito, como mecanismo de intervención vecinal en los temas locales”. Ascanio recuerda además que “desde 1993 tenemos en el reglamento vigente los consejos de barrio como elemento descentralizador y la realidad es que CC no ha querido desarrollarlos en este tiempo”. Cree que este tipo de medidas no se implementarán hasta que un gobierno se tome en serio “pasar de la política del favor a una de participación efectiva y reglada, donde nadie dependa de conocer a un cargo público para ser atendido mejor”.

Retoman el trabajo de atención ciudadana en las tenencias este próximo martes, 15 de enero, con la apertura de la Tenencia de Tejina, en horario de 10:00 a 12:00 horas y de la de La Cuesta el jueves 17, en el mismo horario. “Se contará con la presencia de ediles y de miembros de la Asamblea Ciudadana Lagunera y se irán anunciando las fechas de apertura de las mismas a través de las redes sociales de Unid@s se puede, así como con carteles informativos en las propias tenencias, reforzando así la presencia en barrios y pueblos del municipio”, explica. “Invitamos a las personas residentes en esos núcleos, colectivos y entidades a acercarse a contarnos sus propuestas, inquietudes, dudas o quejas, ya que en este tiempo hemos podido comprobar la efectividad de estas acciones coordinadas entre ciudadanía y oposición”, concluye Ascanio.

 

Fechas de apertura

 

 

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

TEJINA

15

12

12

9

7

LA CUESTA

17

7

14

11

16

TACO

22

26

26

23

7

VALLE DE GUERRA

24

28

28

25

23

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No cumplir con esta propuesta, aprobada en dos plenos municipales, es un incumplimiento del artículo 21 de la Ley de Bases, que obliga al alcalde a ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento

 

El portavoz municipal de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, anuncia que se grupo ha presentado un nuevo escrito en el que solicita que en la comisión correspondiente se trate la propuesta de reglamento de funcionamiento de la Comisión de Control y el inicio de los trabajos de la misma.

Esta Comisión de Control, vinculada a los avances en transparencia que se plasman en la Ley de Grandes Ciudades, ya existe hace tiempo en otros municipios, como Santa Cruz y fue aprobada por unanimidad en el Pleno municipal del mes de octubre de 2015. Desde ese momento la voluntad del alcalde, José Alberto Díaz, “ha sido la de impedir que ese acuerdo se ejecute, por lo tanto vulnerar una de sus funciones, hacer cumplir los acuerdos plenarios, tal y como establece el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local”.

Rubens Ascanio, explica que en 2016 su grupo presentó en el registro municipal incluso un borrador reglamento sobre esta Comisión de Control a petición del alcalde, “algo que tampoco ha tenido trámite alguno por parte de Díaz”. En marzo de 2018 el pleno volvió a acordar por mayoría la puesta en marcha de las comisiones que no se han convocado hasta el momento, con un acuerdo que literalmente decía “convocar con regularidad, durante el presente año y sin más dilación, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, la Comisión de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno y la Comisión de Control del Pleno”.

El pasado mes de noviembre desde la formación lagunera volvieron a registrar una nueva solicitud recordando estos incumplimientos y la existencia de unos documentos que no han sido objeto de tramite alguno por un alcalde que “no merece tal nombre, por su clara hostilidad a cumplir con sus obligaciones y con la decisión de la representación democrática de los laguneros y laguneras”. En ese escrito solicitan que el tema sea trasladado a la comisión plenaria correspondiente, para su debate como asunto dictaminado, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Control propuesto por dicho grupo, para, si es acordado, pueda ser aprobado en la sesión plenaria correspondiente o que sea incorporado como enmienda al Reglamento Orgánico Municipal. Igualmente señala que no descarta “emprender otro tipo de acciones legales si con esta medida no cumple con sus obligaciones como alcalde”.

“En estos meses se están manteniendo la misma dinámica que ocurre con tantos otros temas, el alcalde está bloqueando el debate de este asunto de forma reiterada”, explica, por lo que van a registrar un requerimiento para que el asunto sea trasladado a la comisión correspondiente para ser dictaminado y trasladado al pleno municipal, que debe ser el que apruebe o no inicialmente este reglamento. Asegura que si no se ha tramitado esta petición es debido a que CC sabe que tendrá que aceptar este espacio de control de su actividad, “una herramienta de transparencia y democrática que les molesta tremendamente, al menos en La Laguna”.

El portavoz del principal grupo de la oposición finaliza señalando que con este tipo de acciones el alcalde lagunero “deja al municipio a la altura de una república bananera, dirigida por alguien que no respeta los mínimos democráticos y las formas propias de una institución como la nuestra”.

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Idaira Afonso, concejala de Unid@s se puede en La Laguna, considera necesario realizar "un debate sobre el uso de camellos en la cabalgata tras los incidentes ocurridos en los últimos tres años".

La edil lagunera explica que hace justo un año el pleno lagunero ya abordó el debate sobre los problemas en las fiestas populares, especialmente en la cabalgata de reyes, en el que la propia responsable del área de Fiestas, Atteneri Falero, y la portavoz del PSOE, Mónica Martín, ambas en ese momento miembros del Gobierno, cuestionaron la presencia de estos animales en la cabalgata.

Afonso afirma que "unos animales poco acostumbrados a los ruidos y a verse rodeados de las más de cienmil personas calculadas por la policía, sufren un gran stress en actos como este, lo que ha acabado en varias ocasiones con los animales negándose a portar a los reyes". La concejala considera que no se trata de prohibir, pero cree que "debemos avanzar a un modelo como el que ya se ha implantado en la capital tinerfeña y otras localidades, donde hace tiempo que no se usan animales en estas celebraciones".

"Vamos a pedir la comparecencia de la responsable de Fiestas para hablar de lo sucedido en la noche de reyes, que ha generado preocupación entre muchas personas y ha trascendido en informativos de todo el Estado", manifiesta. Idaira Afonso cree que "con esta acción queremos avanzar en el debate sobre el uso de animales en la cabalgata y las opciones que hay, como el uso de carrozas para los reyes, un debate en el que creemos que debemos contar con la ciudadanía".

La concejala lamenta que "hayamos perdido un año entero sin afrontar ese debate que se planteó el pasado enero y que podría haber resuelto un incidente como el que se vivió en esta última cabalgata". Lamenta que "se vincule una vez más el nombre de nuestro municipio con el maltrato animal, algo que debemos plantear seriamente".

 

Convenio de Valle Colino

Por otra parte la concejala preguntará en el pleno una vez más por la situación del convenio de gestión de Valle Colino, un asunto en el que La Laguna sigue manteniendo importantes incumplimientos, que repercuten en el buen mantenimiento de los animales abandonados y de las instalaciones.

"Queremos saber qué dificulta el pago de las cantidades comprometidas y si hay algún avance sobre cambios en la gestión de este importante servicio para el bienestar animal, para garantizarlo", apostilla.

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La formación lagunera exige que los espacios de participación inicien las tareas necesarias para facilitar un debate sobre las grandes fiestas del municipio y las mejoras que se pueden desarrollar

 

El portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, lamenta que el acuerdo plenario de enero de 2018 para un mejor tratamiento de las fiestas populares, promovido por el principal grupo de la oposición municipal junto a Por Tenerife, Partido Popular y Ciudadanos.

Este acuerdo fue resultado de la polémica generada entre buena parte de las personas asistentes a la pasada cabalgata de reyes y otras celebraciones navideñas, así como a la demanda generalizada de unas fiestas con un mayor nivel de participación e implicación vecinal. En este sentido el acuerdo plenario de esa sesión estableció unos acuerdos referidos al establecimiento de más amplios mecanismos participativos en las construcción de las fiestas populares del municipio, algo que entienden que no se ha cumplido.

El edil lagunero señala que "un año más un evento como el de las fiestas navideñas no ha sido objeto de un debate con las entidades vecinales del municipio, para hacer aportaciones y propuestas, tal y como se estableció en ese pleno de hace un año". Ascanio considera que "este tipo de dinámicas, con ausencia de espacios en los que la ciudadanía pueda intervenir realmente y además abordar debates necesarios, como el coste de estas celebraciones, que año tras año exeden ampliamente de las partidas consignadas cada año en los presupuestos municipales".

Para el portavoz de Unid@s se puede "el incumplimiento de este acuerdo tiene que ver directamente con la forma de hacer política de Coalición Canaria, que quiere mantener la dinámica de la arbitrariedad, en la que según quién esté en una comisión de fiestas o los intereses del momento se castiga o se beneficia". Frente a este modelo el primer partido de la oposición apuesta por "un modelo basado en criterios claros y transparentes sobre el uso de los recursos públicos, con fórmulas participativas y donde se aporte claridad en el coste de la misma y el esfuerzo público que hay que hacer en cada caso para que tengan las mejores condiciones posibles". Entiende que por lógica, "cada comisión de fiestas debería tener claro qué ayuda puede obtener del Ayuntamiento, gobierne quien gobierne y con los criterios más objetivos posibles".

La formación lagunera exige que los espacios de participación inicien las tareas necesarias para "facilitar un debate sobre las grandes fiestas del municipio y las mejoras que se pueden desarrollar, asegurando mecanismos de intervención en las mismas, ya que muchas de las propuestas lanzadas en algunas de las sesiones celebradas no han sido contempladas". Ascanio insiste en que "no se trata simplemente de escuchar opiniones vecinales, se trata de hacer partícipe a la ciudadanía y de incorporar las decisiones colectivas a las celebraciones populares".

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Reivindican la creación de una mesa de trabajo que defina los plazos y condiciones de esas ayudas para que sean lo más eficaces posible

José Marrero, concejal de Unid@s se puede en La Laguna, preguntará en el pleno por la cantidad, del millón de euros que se iba a destinar de los presupuestos municipales de 2018, que se ha usado finalmente a las ayudas a las pensiones más bajas.

La formación lagunera recuerda que ha defendido en varias propuestas plenarias medidas para la mejora del sistema público de pensiones y de apoyo a este importante colectivo. “En marzo de 2018 el Gobierno lagunero hizo una gran publicidad de la dotación de un millón de euros para apoyar a las pensiones más bajas en el municipio, sin embargo un año más tardes hay serias dudas sobre si un solo euro de esa partida se ha dedicado al fin que se anunció”, explica.

Marrero comenta que “según explicó la responsable de Bienestar Social en uno de los últimos Consejos Municipales de Mayores, han existido problemas burocráticos que les ha impedido usar estos recursos para lo que se anunció”. El principal grupo de la oposición lagunera cree que “si ese dato se confirma en el pleno municipal estaríamos ante un nuevo ejemplo de simple publicidad y propaganda con un problema real, que afecta a miles de personas que cobran pensiones mínimas en nuestro municipio y que requieren de medidas concretas”.

La formación lagunera indica que en La Laguna hay cerca de 4.500 personas que reciben 369,90€ euros al mes y que no reciben ningún tipo de ayuda, a pesar de que el pleno de La Laguna aprobó por unanimidad esta modificación presupuestaria de un millón de euros.  

Según denuncia José Marrero, "a pesar de la prórroga de los presupuestos de 2018, la realidad es que esas partidas anunciadas no aparecen, aunque se quiera justificar su ausencia". El edil lagunero asegura que quieren “que no se pierda ese dinero y que se garanticen esas ayudas para los próximos años". Para ello, Unid@s se puede insiste en lo que ya planteó en el mes de julio, la creación de “una mesa de trabajo que defina los plazos y condiciones de esas ayudas para que sean lo más eficaces posible”. Con la aprobación de esta iniciativa, los grupos políticos que conforman la corporación lagunera actual se comprometerían a seguir manteniendo esta medida en la próxima legislatura, al margen del color político del gobierno local.

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Manifiesta que Clavijo y Díaz no quieren que el caso se aclare y quedar libres de responsabilidades, solo quieren que el caso se cierre, de la misma forma torticera que se cerró el caso corredor

 

El portavoz municipal de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, considera que la estrategia de la defensa de Clavijo “trata de demorar el caso grúas de forma injustificada en el TSJ, buscando un archivo exprés sin que la causa se haya investigado y sin escuchar las testificaciones claves que hemos reclamado desde abril”.

Ascanio considera que, “justo cuatro años después de los ataques contra el juez que trató el famoso caso corredor, que también le costó la imputación a Fernando Clavijo, la estrategia actual es la de cargar contra el fiscal del TSJ, Vicente Garrido, y aplicar toda una teoría de conspiración que solamente esconde el ansia del aparato político de Coalición Canaria de usar todos sus recursos para escapar de este caso”.

Las maniobras de un grupo de abogados de la defensa, que actúan parece más al interés de Clavijo que al de sus propios defendidos, no pueden seguir bloqueando las investigaciones, por mucho humo que traten de vender en los medios de comunicación”, explica. El edil entiende que el uso de cualquier informe no vinculado directamente con el caso es un intento más de quitar el foco del asunto, que es que “Clavijo privatizó un servicio público para hacer posible la contratación directa de personas afines, aunque su coste fuera muy superior al de la gestión directa, para posteriormente facilitar la venta de la empresa adjudicataria y un largo cúmulo de ilegalidades plasmadas en el descontrol del servicio y la ausencia absoluta de sanciones a esa empresa, que además resultó beneficiaria de un préstamo de fondos públicos de 120.000 euros, rechazado por irregular por el propio interventor municipal”.

Desde el principal grupo de la oposición se muestran escandalizados por el uso “sistemático e interesado de filtraciones que parecen venir de la propia judicatura” para beneficiar a Fernando Clavijo. No entienden que se esté tratando de “poner en la picota al todo el sistema de justicia con tal de salvar al candidato de Coalición Canaria y sus poderosos aliados”.

Asegura que van a reclamar nuevamente la vuelta sin dilaciones del caso al Juzgado Nº2 de La Laguna “para que el proceso continúe y se pueda aclarar lo sucedido, ya está bien de que Clavijo quiera jugar en territorio amigo y con todas las cartas marcadas”. Cree el concejal lagunero que “con este tipo de declaraciones y de iniciativas judiciales se puede ver la enorme preocupación de unos responsables políticos que parece que solo tienen miedo a ser tratados como cualquier ciudadano y tratan de huir de unas investigaciones que son fruto de su propia mala gestión”.

Manifiesta que “Clavijo y Díaz no quieren que el caso se aclare y quedar libres de responsabilidades, solo quieren que el caso se cierre, de la misma forma torticera que se cerró el caso corredor”. El portavoz asegura que su grupo “no será rehén de este tipo de actuaciones que son una burla absoluta para un proceso en el que ni siquiera se ha podido escuchar a los trabajadores y trabajadoras denunciantes de las ilegalidades desde 2012, vamos a usar todos nuestros recursos jurídicos para ello”.

Finaliza señalando que a día de hoy el único dictamen válido es el del TSJ que determina el traslado al Juzgado de La Laguna, cualquier otra cosa son “simples fuegos de artificio en un proceso que debe determinar si nuestro municipio privatizó este servicio público para facilitar la política del enchufe, tal y como declaró el propietario original de la empresa ante la Guardia Civil y en la Comisión de Investigación”.

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Su grupo estará vigilante a la hora de desarrollar los proyectos, planes de subvenciones y medidas que fomenten de mejor manera estas dinámicas

 

José Luis Hernández, concejal de Unid@s se puede y promotor de la moción aprobada este lunes, planteó la adhesión del Ayuntamiento de La Laguna al Pacto Intervegas ( Pacto Estatal por la Soberanía Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio. Estrategia 2015-2031), así como la implantación en el municipio de políticas activas de fomento de la Soberanía Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad.

“Para el acuerdo de ayer hemos trabajado con algunas de las entidades más representativas del sector primario para lograr un acuerdo lo más unánime posible, como el de ayer”, explica. Para el edil este acuerdo, ampliado con una enmienda, es especialmente significativo, ya que “el nuestro es uno de los principales municipios agrícolas y ganaderos de Canarias, con unos suelos de una enorme calidad edafológica y estratégica, que debemos preservar frente a los usos especulativos”.

Recuerda en este sentido que con esta iniciativa “avanzamos en la protección y el desarrollo de la diversidad paisajística que posee el Municipio. La Vega Lagunera, los núcleos de Anaga, las suertes cerealísticas de Los Rodeos, El Ortigal, Los Genetos, El Centenero y Guamasa, los sistemas de cultivos vinculados a la agricultura de exportación de la Comarca Nordeste,..., que representan paisajes que nos identifican, deben reactivarse y deben ser protegidos y dinamizados, ya que la soberanía alimentaria es un factor clave para afrontar los retos a los que se enfrenta la Humanidad”.

Esta moción está estrechamente vinculada con los acuerdos que en el año 2015 aprobó la ONU en la Nueva Agenda Mundial 2015-2030, en las decisiones la Cumbre de la Tierra que se celebró en París.

En la defensa de la misma Hernández contó con la intervención, en el turno vecinal, de Eduardo Rodríguez, miembro de AFES Salud Mental, de la Cátedra Antonio Bello y la ONG CERAI , que aportó su visión sobre la importancia de apoyar el desarrollo del sector primario con hechos y no solo con palabras.

Hernández pide que este acuerdo no quede solo en un titular, que sea “el inicio de más y mejores políticas para lograr la soberanía alimentaria desde nuestro municipio, para acabar con proyectos, como la Vía Exterior, que acabarían con unos 900.000 metros de suelo agrícola de primera calidad en el municipio”. Para ello su grupo “estará vigilante a la hora de desarrollar los proyectos, planes de subvenciones y medidas que fomenten de mejor manera estas dinámicas, por no hablar de un Plan General que puede ser clave para evitar un daño irreparable a los suelos agrícolas históricos antes mencionados”.

José Luis Hernández recuerda que en el Pleno Ordinario celebrado el 13 de julio de 2017, también a propuesta de Unid@s se puede, se aprobó por unanimidad la incorporación de La Laguna a la Red Terrae, colectivo que promueve los usos sostenibles agrícolas, ganaderos o forestales y conservar razas y variedades autóctonas en terrenos rústicos públicos y/o privados de este municipio, cuestión relacionada con esta moción.

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En septiembre del año próximo se cumplirán setenta años de un grave accidente que conmocionó a la Isla

 

En el próximo pleno municipal la concejala de Unid@s se puede, Fátima González, defenderá una moción en la que solicita la realización de actos conmemorativos por el aniversario de la tragedia producida en Valle Tabares a raíz de la explosión del polvorín ubicado en el acuartelamiento de la zona.

El 8 de septiembre de 1949 se producía una explosión que dejaba 15 víctimas, según la prensa de la época, y múltiples desperfectos en el cuartel de Tabares, así como en casas cercanas. Entre las personas fallecidas se encontraban personal militar, así como civiles. La explosión obligó a desalojar el barrio de la Candelaria, desde donde se pudo ver con gran claridad el suceso.

Con la moción que se presenta, según González, “se pretende recuperar la memoria de un hecho histórico que marcó a las vecinas y vecinos de ese periodo, y que sería contada de entre diferentes generaciones. Es por ello que solicitamos que se realicen actos conmemorativos que recuerden el acontecimiento y que cuenten con el testimonio de las personas mayores, tanto de Tabares como del Barrio de La Candelaria, que vivieron dicho evento”.

Para la concejala de Unid@s se puede, “es importante recuperar la memoria de los pueblos y barrios de La Laguna, ya que aumenta el sentimiento de pertenencia y comunidad”. Concluye González recordando que también plantearon esto en La Cuesta, a iniciativa vecinal, y “se ha demostrado que dichas actividades tienen gran acogida entre los vecinos y vecinas, tal y como se puede ver en la exposición de fotos de la historia de La Cuesta que actualmente expone en el centro ciudadano del Tranvía”.

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