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Rubens Ascanio y María José Roca, concejales de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, expusieron en una rueda de prensa celebrada en la mañana del martes la voluntad de trasladar una denuncia al juzgado en los próximos días en la que detallarán los datos referidos al emplazamiento ilegal de diecinueve máquinas expendedoras en nueve centros ciudadanos de titularidad pública, durante doce años.

Entre 2006 y mediados de 2018 los centros ciudadanos de El Tranvía, San Diego, Las Madres, Las Chumberas, Vistamar, Valle de Guerra, Punta del Hidalgo y Pérez Soto dispusieron de un total de diecinueve máquinas expendedoras de bebidas y alimentos sin el más mínimo expediente abierto ni título habilitante.

La concejala del principal grupo de la oposición lagunero señaló que en febrero de 2018 recibieron una denuncia vecinal en la que "se nos aseguraba que ninguna máquina expendedora ubicada en numerosos centros ciudadanos del municipio contaba con la más mínima autorización para su instalación". Roca detalla que "tras solicitar los expedientes correspondientes y tras una importante falta de respuesta logramos un informe técnico del área de Participación, en junio de ese mismo año, en el que se detallaba la ilegalidad de las mismas".

Roca recuerda que la instalación de máquinas expendedoras sin autorización "vulnera la normativa de patrimonio de las administraciones públicas, por el uso privativo del espacio público, y de contratación porque no ha habido posibilidad de optar a la licitación por parte de distintas empresas en condiciones de igualdad, y además supone un coste extra para las arcas municipales, por el consumo de electricidad".

La edil indica que la ley establece que "la adjudicación de una concesión para usar un dominio público, la empresa debe abonar los gastos derivados de la instalación de las máquinas y de disponer de un seguro de responsabilidad para responder a posibles daños causados a terceros o al propio Ayuntamiento, además de asegurar su correcto mantenimiento y servicio, cosa que no ha sucedido".

Explica que desde 2014 el Reglamento de Uso y Gestión de Centro Ciudadanos ya habla de estas máquinas expendedoras, un documento que tuvo un coste de redacción de más de 600.000 euros, y al mismo tiempo establece en su artículo 23 la prohibición de actividades que “impliquen ánimo de lucro” y establece que las actividades que supongan un uso privativo deben, según el artículo 44, contar con “autorización expresa del ayuntamiento”. Cree que con “el evidente uso de mecanismos de arbitrariedad, como los que se pueden constatar en los informes, también se impide a otras empresas participar en igualdad de oportunidades y tampoco se vela por una correcta atención a la ciudadanía".

Por su parte Rubens Ascanio considera que "este caso refleja una práctica que tiene mucho que ver con el ADN político de Coalición Canaria, de aquellos que ven el municipio como su finca particular, donde la política de amiguetes ha tenido un peso muy negativo".

Dos empresas, Velma Ven y C.B Vending, fueron “las afortunadas beneficiadas de un negocio redondo durante unos doce años”. Manifiesta a este respecto que “los vecinos y vecinas de La Laguna, con sus impuestos pagaron la luz, el agua y el espacio público que ocuparon estas máquinas sin que las mismas, al menos oficialmente, reportaran beneficio alguno para la administración”, manifiesta.

En la comparecencia celebrada en el Pleno de diciembre obtuvieron "una respuesta del concejal Jonathan Domínguez en la que directamente mintió, donde atribuye la instalación de estas máquinas a los propios colectivos vecinales, algo totalmente increíble tratándose de edificios de titularidad municipal desde un inicio. Además el concejal aseguró en su declaración que “no tenemos constatado el origen de esas máquinas” y “no pensamos iniciar ninguna caza de brujas” con este asunto". La comparecencia de mostró una cosa clara, Coalición Canaria "no tiene la más mínima voluntad de mirar debajo de una alfombra que es propia, no quiere que se conozca quién y cómo se autorizaron esas máquinas, ni realizar una investigación oficial al respecto, con una voluntad manifiesta de no dar respuesta a nuestras solicitudes de información". Considera por ello que deben “tomar determinaciones claras y efectivas, en defensa del interés general de los laguneros y laguneras".

Ascanio afirmó en su intervención que, “solo en luz, hablamos de un coste aproximado anual de unos 180 euros por máquina, lo que supone unos 3.420 euros anuales en total, en los últimos doce años 41.040 euros”. Con respecto a las tasas municipales sería un monto pendiente de pago de 3.623,68 euros anuales, “en doce años han dejado de pagar a las arcas públicas 43.484 euros”. En total hablan en el grupo municipal de "más de 84.000 euros que no se han repercutido en las cuentas municipales de forma positiva, siendo dificil de calcular el beneficio económico obtenido como resultado de esta actividad ilegal".

El grupo opositor registró el pasado 21 de diciembre un escrito en el que reclaman a la concejalía de Hacienda, en base al artículo 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de dominio público, el cobro a las empresas comentadas de la cuota correspondiente, 190,72 euros por máquina y año, hasta donde la ley permita. Además pidieron a la concejalía de Servicios Municipales que haga lo mismo con el consumo de luz mencionado. Igualmente en la misma fecha reclamaron la apertura de expedientes informativos y además los expedientes referidos a máquinas expendendoras ubicadas en instalaciones deportivas o la escuela municipal de música, "que sospechamos que puedan estar en una situación similar y podrían sumar en total una treintena".

Finalizan anunciando que, ante "la deliberada inacción municipal para aclarar las responsabilidades y lo que creemos que es una voluntad obstruccionista, no tenemos otro remedio que acudir a la vía judicial en los próximos días para aclarar lo sucedido y exigir las responsabilidades que tengan lugar ante una situación". Indican que en otros municipios del Estado denuncias similares han supuesto la apertura de diligencias previas y darparte de incoación al Ministerio Fiscal, porque los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracciónpenal” y que pueden ser constitutivos de presuntos delitos de malversación de caudales públicos”.

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Cree que el aniversario permitirá reivindicar al municipio como un territorio implicado en la demanda de un futuro mejor, más sostenible, solidario y justo

 

Los días 25 y 26 de febrero de 1994 La Laguna acogió la celebración, con motivo de un encuentro del Instituto Tricontinental de la Democracia Parlamentaria y los Derechos Humanos de Universidad lagunera, una reunión de la UNESCO en el que treinta personas expertas procedentes de una veintena de países pertenecientes a todas las regiones geopolíticas de la Tierra, liderados por el naturalista francés Jacques Cousteau, aprobaron el llamado proyecto de Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras.

En febrero del año pasado el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, registró una propuesta dirigida al alcalde, José Alberto Díaz, en la que solicitaba la puesta en marcha de "acciones para recordar este año ese primer cuarto de siglo de uno de los encuentros más importantes que se ha desarrollado en el municipio, por la entidad de sus participantes y por lo relevante de los acuerdos alcanzados". El edil cree que el aniversario permite "celebrar ese momento y al mismo tiempo reivindicar el papel de nuestro municipio como un territorio implicado en la demanda de un futuro mejor, más sostenible, solidario y justo".

La declaración fue uno de los símbolos del cincuenta aniversario de la ONU y la Unesco, que se conmemoró en el año 1995, compuesta originalmente por catorce artículos que, entre otras cosas, reclamaban la preservación del medio ambiente y los bienes culturales para las generaciones venideras. En ese momento, el por entonces director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, aseguró a los medios de comunicación que “ésta es la primera vez en la historia que la solidaridad se aplica a entes jurídicos que no existen”. La misma idea ha sido compartida por el jurista Kenneth Mac Farlane, quien manifiesta en sus artículos que la redacción consensuada de la Declaración de La Laguna, “contiene con mucha claridad la primera enumeración histórica de los derechos humanos de las generaciones futuras”.

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 29ª reunión celebrada en París del 21 de octubre al 12 de noviembre de 1997, acordó la que se denominó finalmente como “Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras”.

Ascanio, como portavoz del principal grupo de la oposición, espera que José Alberto Díaz, en los once meses transcurridos desde que registraron la propuesta, "haya previsto la realización de alguna actividad basada en esta propuesta, que creo que sería una buena noticia, la ejecute quien la ejecute, ya que es reivindicar una historia colectiva de defensa de un futuro mejor para todas las personas".

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Lamenta que en este mandato se haya perdido la oportunidad de actualizar el reglamento de participación, para incorporar cuestiones como las Juntas de Distrito

 

Unid@s se puede anuncia el regreso a las tenencias de alcaldía municipales después del parón navideño, acción que vienen desarrollando desde el inicio del presente mandato como parte de una dinámica de trabajo de cercanía que defienden.

El portavoz del principal grupo de la oposición, Rubens Ascanio, afirma que esta dinámica de apertura de estos espacios forma parte de una apuesta clara por “la descentralización municipal, para facilitar a la ciudadanía el que puedan hacer consultas, presentar quejas o propuestas acercándonos a los distintos pueblos y barrios, no parece imprescindible para que la participación de la población en la vida política sea lo más participativa y real posible”.

En este sentido Ascanio recuerda que Unid@s se puede es el único grupo que durante esta legislatura ha tenido una presencia periódica y constante, anunciada de forma pública, en las tenencias municipales, para facilitar el acercamiento de la ciudadanía. “Queremos que los vecinos y vecinas no se vean obligados a subir al Casco para realizar sus quejas o peticiones, la cercanía es clave y las tenencias deben ser potenciadas”, manifiesta.

En este sentido lamenta que en este mandato “se haya perdido la oportunidad de actualizar el reglamento de participación, para incorporar cuestiones como las Juntas de Distrito, como mecanismo de intervención vecinal en los temas locales”. Ascanio recuerda además que “desde 1993 tenemos en el reglamento vigente los consejos de barrio como elemento descentralizador y la realidad es que CC no ha querido desarrollarlos en este tiempo”. Cree que este tipo de medidas no se implementarán hasta que un gobierno se tome en serio “pasar de la política del favor a una de participación efectiva y reglada, donde nadie dependa de conocer a un cargo público para ser atendido mejor”.

Retoman el trabajo de atención ciudadana en las tenencias este próximo martes, 15 de enero, con la apertura de la Tenencia de Tejina, en horario de 10:00 a 12:00 horas y de la de La Cuesta el jueves 17, en el mismo horario. “Se contará con la presencia de ediles y de miembros de la Asamblea Ciudadana Lagunera y se irán anunciando las fechas de apertura de las mismas a través de las redes sociales de Unid@s se puede, así como con carteles informativos en las propias tenencias, reforzando así la presencia en barrios y pueblos del municipio”, explica. “Invitamos a las personas residentes en esos núcleos, colectivos y entidades a acercarse a contarnos sus propuestas, inquietudes, dudas o quejas, ya que en este tiempo hemos podido comprobar la efectividad de estas acciones coordinadas entre ciudadanía y oposición”, concluye Ascanio.

 

Fechas de apertura

 

 

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

TEJINA

15

12

12

9

7

LA CUESTA

17

7

14

11

16

TACO

22

26

26

23

7

VALLE DE GUERRA

24

28

28

25

23

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No cumplir con esta propuesta, aprobada en dos plenos municipales, es un incumplimiento del artículo 21 de la Ley de Bases, que obliga al alcalde a ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento

 

El portavoz municipal de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, anuncia que se grupo ha presentado un nuevo escrito en el que solicita que en la comisión correspondiente se trate la propuesta de reglamento de funcionamiento de la Comisión de Control y el inicio de los trabajos de la misma.

Esta Comisión de Control, vinculada a los avances en transparencia que se plasman en la Ley de Grandes Ciudades, ya existe hace tiempo en otros municipios, como Santa Cruz y fue aprobada por unanimidad en el Pleno municipal del mes de octubre de 2015. Desde ese momento la voluntad del alcalde, José Alberto Díaz, “ha sido la de impedir que ese acuerdo se ejecute, por lo tanto vulnerar una de sus funciones, hacer cumplir los acuerdos plenarios, tal y como establece el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local”.

Rubens Ascanio, explica que en 2016 su grupo presentó en el registro municipal incluso un borrador reglamento sobre esta Comisión de Control a petición del alcalde, “algo que tampoco ha tenido trámite alguno por parte de Díaz”. En marzo de 2018 el pleno volvió a acordar por mayoría la puesta en marcha de las comisiones que no se han convocado hasta el momento, con un acuerdo que literalmente decía “convocar con regularidad, durante el presente año y sin más dilación, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, la Comisión de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno y la Comisión de Control del Pleno”.

El pasado mes de noviembre desde la formación lagunera volvieron a registrar una nueva solicitud recordando estos incumplimientos y la existencia de unos documentos que no han sido objeto de tramite alguno por un alcalde que “no merece tal nombre, por su clara hostilidad a cumplir con sus obligaciones y con la decisión de la representación democrática de los laguneros y laguneras”. En ese escrito solicitan que el tema sea trasladado a la comisión plenaria correspondiente, para su debate como asunto dictaminado, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Control propuesto por dicho grupo, para, si es acordado, pueda ser aprobado en la sesión plenaria correspondiente o que sea incorporado como enmienda al Reglamento Orgánico Municipal. Igualmente señala que no descarta “emprender otro tipo de acciones legales si con esta medida no cumple con sus obligaciones como alcalde”.

“En estos meses se están manteniendo la misma dinámica que ocurre con tantos otros temas, el alcalde está bloqueando el debate de este asunto de forma reiterada”, explica, por lo que van a registrar un requerimiento para que el asunto sea trasladado a la comisión correspondiente para ser dictaminado y trasladado al pleno municipal, que debe ser el que apruebe o no inicialmente este reglamento. Asegura que si no se ha tramitado esta petición es debido a que CC sabe que tendrá que aceptar este espacio de control de su actividad, “una herramienta de transparencia y democrática que les molesta tremendamente, al menos en La Laguna”.

El portavoz del principal grupo de la oposición finaliza señalando que con este tipo de acciones el alcalde lagunero “deja al municipio a la altura de una república bananera, dirigida por alguien que no respeta los mínimos democráticos y las formas propias de una institución como la nuestra”.

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La formación lagunera exige que los espacios de participación inicien las tareas necesarias para facilitar un debate sobre las grandes fiestas del municipio y las mejoras que se pueden desarrollar

 

El portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, lamenta que el acuerdo plenario de enero de 2018 para un mejor tratamiento de las fiestas populares, promovido por el principal grupo de la oposición municipal junto a Por Tenerife, Partido Popular y Ciudadanos.

Este acuerdo fue resultado de la polémica generada entre buena parte de las personas asistentes a la pasada cabalgata de reyes y otras celebraciones navideñas, así como a la demanda generalizada de unas fiestas con un mayor nivel de participación e implicación vecinal. En este sentido el acuerdo plenario de esa sesión estableció unos acuerdos referidos al establecimiento de más amplios mecanismos participativos en las construcción de las fiestas populares del municipio, algo que entienden que no se ha cumplido.

El edil lagunero señala que "un año más un evento como el de las fiestas navideñas no ha sido objeto de un debate con las entidades vecinales del municipio, para hacer aportaciones y propuestas, tal y como se estableció en ese pleno de hace un año". Ascanio considera que "este tipo de dinámicas, con ausencia de espacios en los que la ciudadanía pueda intervenir realmente y además abordar debates necesarios, como el coste de estas celebraciones, que año tras año exeden ampliamente de las partidas consignadas cada año en los presupuestos municipales".

Para el portavoz de Unid@s se puede "el incumplimiento de este acuerdo tiene que ver directamente con la forma de hacer política de Coalición Canaria, que quiere mantener la dinámica de la arbitrariedad, en la que según quién esté en una comisión de fiestas o los intereses del momento se castiga o se beneficia". Frente a este modelo el primer partido de la oposición apuesta por "un modelo basado en criterios claros y transparentes sobre el uso de los recursos públicos, con fórmulas participativas y donde se aporte claridad en el coste de la misma y el esfuerzo público que hay que hacer en cada caso para que tengan las mejores condiciones posibles". Entiende que por lógica, "cada comisión de fiestas debería tener claro qué ayuda puede obtener del Ayuntamiento, gobierne quien gobierne y con los criterios más objetivos posibles".

La formación lagunera exige que los espacios de participación inicien las tareas necesarias para "facilitar un debate sobre las grandes fiestas del municipio y las mejoras que se pueden desarrollar, asegurando mecanismos de intervención en las mismas, ya que muchas de las propuestas lanzadas en algunas de las sesiones celebradas no han sido contempladas". Ascanio insiste en que "no se trata simplemente de escuchar opiniones vecinales, se trata de hacer partícipe a la ciudadanía y de incorporar las decisiones colectivas a las celebraciones populares".

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Muestra su sorpresa por el dato de haya solo dos sanciones por no recoger excrementos de la vía pública en casi tres años

 

El portavoz municipal de Unid@s se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, preguntó en el último pleno municipal sobre el número de sanciones impuestas en los últimos tres años a las personas propietarias de mascotas que no recogen los excrementos de las mismas en la vía pública, respondiendo la responsable del área, Mónica Martín, que “solo se habían tramitado dos expedientes en ese tiempo, siendo significativo que en el mismo periodo se levantaran 200 actas en el vecino municipio de Santa Cruz”.

El edil indica que la Ordenanza Municipal reguladora de la limpieza de espacios públicos y gestión de residuos, aprobada en 2015, establece como falta leve: “No proceder el propietario de animal doméstico o subsidiariamente la persona que lo pasee, a la limpieza de la zona de la vía pública que ensucie con sus excrementos”, siendo objeto de sanciones que “evidentemente no se están tramitando en este momento”. Ascanio considera que existe “una clara queja vecinal detectada en las distintas visitas que organizamos por el municipio sobre la falta de limpieza de algunas vías por el incivismo de una minoría de personas, solo se haya plasmado en dos sanciones en casi tres años”.

El concejal considera que desde el área que dirige Mónica Martín tampoco están realizando las acciones necesarias para generar una educación cívica que ayude a afrontar este problema. “Me parece que solo con un puñado de carteles informativos colgados en las farolas no se solventa el problema, se deben generar acciones informativas y de sensibilización más amplias”, explica.

A este respecto indica que el artículo 8.3 del pliego de condiciones técnicas del servicio de recogida de basura se establece la necesidad de incorporar campañas y acciones formativas para tratar con la ciudadanía y “formar en contra de este tipo de conductas incívicas, que además debe correr a cargo del importante presupuesto con el que cuenta Urbaser”. Explica que “falta contundencia a la hora de pedir estas actuaciones recogidas en el pliego y que deben ser exigidas por parte de la concejalía de Servicios Municipales, ya que la última campaña en este sentido, de la que tenemos noticia, data de 2014”.

El portavoz de Unid@s se puede cree que “en los últimos tiempos estamos acumulando ordenanzas en el municipio que al final no tienen una puesta en marcha efectiva, que quedan en buenas intenciones”. A este nivel Ascanio opina que hay que implementar con urgencia esas propuestas concretas para seguir sensibilizando a la población, antes de proceder a métodos más coercitivos como las sanciones, que según la ordenanza podrían llegar a los 900 euros”.

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