Canarias Plural_

Redacción Tenerife

 

Esta formación recuerda que fue el propio José Alberto Díaz quién, en la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo de 2015, se comprometió a potenciar este órgano.

 

José Marrero, concejal de Unid@s se puede, señala que el retraso en la puesta al día del Reglamento del Consejo Municipal Escolar es otro de los incumplimientos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, en manos de CC y PSOE, pese a llevar más de tres años comprometiéndose a su activación. Este grupo considera que este espacio serviría para mejorar la participación de la comunidad educativa del municipio, sobre todo para mejorar las vías de diálogo y de este modo contribuir a una mejor calidad educativa en La Laguna.

Desde Unid@s se puede señalan que en mayo de 2015, en plena campaña electoral, el actual alcalde José Alberto Díaz se reunía con miembros del Consejo Educativo de Canarias, órgano consultivo autonómico con sede en La Laguna, y declaraba que potenciaría el Consejo Municipal Escolar con el asesoramiento de dicha entidad. Pero tras tres años, varias preguntas de la oposición en el pleno, reuniones con la concejala del área e incluso una moción al respecto aprobada por unanimidad, la situación sigue como al principio.

En otoño de 2015 los concejales de Unid@s se puede José Luis Hernández y José Marrero mantuvieron un encuentro con Atteneri Falero, concejala del área de educación, y en ese encuentro los concejales de Unid@s se puede trasladaron su disposición a colaborar en lo que sea posible. “En aquel encuentro, la concejal responsable del área, nos prometió que nos enviaría el borrador de la actualización del reglamento en tan solo un mes, pero ese mes se ha transformado en años”. Marrero recuerda que “tal y como está redactado el reglamento ahora mismo solo tendrían representación el equipo de gobierno y el grupo mixto, obedeciendo a la representación política que había en la legislatura en la que se elaboró”.

El Consejo Municipal Escolar es un órgano de participación ciudadana cuya función es crear sinergias entre el ayuntamiento, las asociaciones de padres y madres del alumnado y los centros escolares de un determinado municipio en temas que conciernan a la comunidad educativa de ese territorio. La última actualización del Reglamento Municipal Escolar del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna data del año 2006. Unid@s se puede considera que se debe de reactivar el Consejo antes de que comience el curso escolar.

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Redacción Tenerife

 

La Asociación Nuestro Patrimonio ha presentado alegaciones al reglamento del futuro Consejo Municipal de Patrimonio histórico, en las que propone una composición y un procedimiento de designación diferenteS a lo previsto en el documento aprobado de forma inicial por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y que desde el 10 de abril se encuentra en exposición pública durante un mes.
 
La asociación hace estas alegaciones teniendo en cuenta que, según este reglamento, 6 de los 13 miembros de este Consejo serán cargos públicos y personal directivo municipal (además de un miembro de libre designación por la presidencia), que ninguna asociación ciudadana estará representada, que los nombramientos no serán propuestos ni aprobados en el Pleno municipal y que las decisiones de este órgano asesor no serán vinculantes.
 
Entre los cambios que, por estas razones, propone Nuestro Patrimonio destacan que al menos dos asociaciones ciudadanas cuyo fin primordial sea la defensa del patrimonio histórico tengan sendos  representantes en el Consejo; que los cargos públicos no puedan tener voto de calidad para desempatar votaciones  y que sea el Pleno del Ayuntamiento el que ratifique los nombramientos de los miembros del Consejo, cinco de los cuales deberán producirse por mayoría de dos tercios (18 de los 27 concejales).
 
Esta mayoría reforzada se aplicará  concretamente para designar a los representantes de  las asociaciones ciudadanas que soliciten formar parte del Consejo, o, en ausencia de solicitudes, por invitación del gobierno municipal y de los grupos políticos,  así como  para nombrar a un arquitecto especializado en patrimonio histórico, a un experto en Bellas Artes (docente, investigador o artista) y a un historiador.
 
La asociación también quiere que estén representados también en el Consejo el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de Universidad de La Laguna y  la Sección de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades del mismo centro docente.
 
De resto, la asociación está conforme con que el Consejo lo presida el alcalde o el concejal en quien delegue (sin voto de calidad), y  que formen parte de este órgano  un técnico municipal y representantes de la fundación CICOP y del COAC (Colegio de Arquitectos), así como de las áreas de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife y del Gobierno canario -a condición de que sean técnicos y no cargos públicos- y el cronista oficial del municipio.
 
La asociación considera que esta composición alternativa del Consejo es más adecuada que la aprobada de forma inicial por el Ayuntamiento, desde la perspectiva de garantizar la independencia de este órgano asesor,  de la pluralidad de expertos, de la participación ciudadana y del procedimiento de su designación.
 
Entre las funciones del Consejo, la asociación pide que quede expresa en el reglamento la de emitir informes sobre las propuestas de catalogaciones (dar grados de protección a bienes muebles o inmuebles) tanto por iniciativa de órganos del Ayuntamiento como por iniciativa ciudadana, pues esta última no se  contempla en el reglamento. 
También solicita la asociación enumerar en el reglamento de manera más detallada los tipos de expedientes administrativos e iniciativas  en los que sea preceptivo un dictamen del Consejo (Catálogo de Protección, planes, proyectos o programas...).
 
En las alegaciones se propone igualmente que puedan asistir, sin voto pero con voz, a las reuniones del Consejo los portavoces de los grupos políticos municipales, los concejales de Cultura y Patrimonio HIstórico (cuando el alcalde no delegue  la presidencia, y en caso de delegar, el  regidor municipal podrá  participar también), al igual que los concejales y jefes de servicio o gerentes de áreas, organismos autónomos o sociedades del Ayuntamiento cuando se traten asuntos que puedan afectar a sus competencias.
 
Previa solicitud al Consejo o por invitación del Consejo, la asociación pide igualmente que puedan asistir  a las sesiones representantes de asociaciones cuyo objeto esté vinculado al patrimonio cultural (y que no tengan representación con voto en el Consejo) o propietarios de patrimonio cultural y, en general, personas que acrediten ser afectados por los asuntos  abordados por el Consejo.
 
Nuestro Patrimonio anuncia que solicita formar parte del Consejo,  por su  actividad en defensa del patrimonio histórico santacrucero, catalogado o no,  incluyendo numerosas propuestas  de medidas para incentivar su protección, conservación, restauración, rehabilitación y puesta en valor;  y por el hecho de que la asociación puede aportar criterios que, gracias a la diversidad de sus  miembros,  desde la sociedad civil tratan de aunar enfoques sobre el patrimonio cultural desde los distintos valores que lo conforman o desde los que se puede abordar: sentimentales, culturales, históricos, arquitectónicos, artísticos, económicos... 
 
Por otra parte, la Asociación aprovecha esta alegación para recordar que en junio de 2017 el Pleno municipal aprobó por unanimidad una moción en la que el Ayuntamiento se comprometió a que, una vez constituido, este Consejo aborde la revisión del Catálogo de Protección teniendo en cuenta que existen informes de Servicio de Patrimonio HIstórico del Cabildo de Tenerife fechados en 2007 y 2010 que, con ocasión de la anterior revisión del Plan General de Ordenación, proponen dar un grado de protección a más de 500 inmuebles que a día de hoy no la tienen. 
 
En este sentido, cabe indicar que en el informe que esta asociación recabó de dicho servicio insular en agosto de 2017 con respecto al antiguo barrio de Miraflores, en línea con los referidos informes de 2007 y 2010 se reitera la necesidad de catalogar seis inmuebles en este ámbito que están siendo o van a ser demolidos.

 

 

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