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María José Roca, concejala de Unid@s se puede en La Laguna, asegura, tras el anuncio del Cabildo de facilitar la gratuidad del transporte público a la población menor de diez años, que “la medida es un avance, aunque insuficiente para favorecer la promoción del uso de transporte público”.

La edil recuerda que en el pleno de La Laguna de diciembre de 2017 su grupo logró un acuerdo para demandar la gratuidad hasta los doce años. “Nuestra propuesta se dirigía a la necesidad de incentivar el uso del transporte público, especialmente en las unidades familiares con menores, como una medida positiva a corto y largo plazo”, manifiesta.

Las cifras de la propia TITSA del 2015 demuestran que el 58% de las personas usuarias de sus servicios son mujeres, muchas de ellas encargadas de las tareas del cuidado de menores, siendo por tanto un colectivo que puede ser especialmente beneficiado con este tipo de medidas”. Además indica que, según los mismos estudios, el 74% de las personas que usan la guagua no usan el vehículo particular, “lo que da un índice válido de la incidencia de este medio en la mejora de los constantes problemas de colapso que vive en tráfico en Tenerife y el interés estratégico de ahorro que puede suponer evitar la necesidad de ampliar viarios”.

Roca señala que ya otras instituciones han tomado decisiones similares, poniendo el ejemplo reciente de Mallorca, donde a partir del próximo año podrán viajar gratis los menores de hasta catorce años “como medida para incentivar el uso del transporte público”. Otro ejemplo es el de Oviedo, que tiene prevista la gratuidad para este colectivo en su nuevo plan municipal de movilidad de cara a fomentar el transporte público.

Explica que “la propuesta además fue mejorada con enmiendas de otros grupos de la oposición, que planteaban además extender la gratuidad a colectivos como el de las personas jubiladas”. María José cree que “más que en decisiones electoralistas, que tratan de vender titulares, deberíamos avanzar en un debate general sobre el modelo de movilidad que necesita Tenerife, algo que venimos planteando desde el inicio del mandato presente”.

La concejala espera que se haya remitido este acuerdo plenario de La Laguna sobre la necesidad de ampliar a los colectivos beneficiarios de este tipo de medidas, “ya que sin duda representamos un municipio con gran peso dentro de la movilidad en la Isla”. Además cree que “estas medidas se deben acompañar de mejoras en los horarios, número de vehículos y rutas, un trabajo que llevamos tiempo abordando en espacios como la Mesa de Movilidad de Tenerife y del que esperamos que en breve tomen forma de acuerdos en las instituciones, como el que logramos en 2017”.

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Con respecto a la nueva tarjeta de transporte Tenmás, cree que se deben activar mejores sistemas de recarga y compra, más fáciles y accesibles para la ciudadanía

 

María José Roca, concejala de Unid@s se puede en La Laguna, reclama que se amplíe el número de paradas de guaguas que cuentan con pantallas informativas para conocer el tiempo estimado de llegada de los vehículos para la recogida de pasajeros.

La edil considera fundamental que el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo amplíen la instalación de este tipo de paneles informativos en las paradas de guaguas, “ya que permiten ofrecer al viajero información en tiempo real acerca del periodo de espera y llegada del vehículo a los ámbitos donde se instalan, así como de los posibles cambios que se puedan realizar en las líneas a causa de las obras o de fiestas”. Roca recuerda que “aunque existen mecanismos para poder hacer estas consultas en los móviles con conexión a internet, la realidad es que este sistema puede llegar a excluir a una parte importante de las personas usuarias”. La formación lagunera considera que la red de paradas de líneas urbanas e interurbanas con este tipo de dispositivos debe ampliarse en el municipio, ya que “también atienden las necesidades de la población invidente, debido a que cuentan con sistemas de información acústica”.

La concejala cree que, “frente a las promesas incumplidas de los responsables públicos de Coalición Canaria, es imprescindible para aumentar el numero de viajeros de TITSA, y así disminuir el tráfico en las carreteras y sus consecuentes atascos, que estén informados en tiempo real de la frecuencia de las guaguas y para ello se necesitan más paneles informativos”. Puntualiza que “todas las encuestas llevadas a cabo en este sentido confirman que las personas eligen un método de transporte u otro, en función de, entre otras cosas, la adecuación de las líneas a las necesidades reales y la puntualidad de las mismas”. María José Roca insiste en que las instituciones tienen en su mano “una herramienta muy poderosa contra los atascos y la necesidad de nuevos grandes viarios, el fomento de un transporte público más cercano, con mejores precios y más seguro”, en este sentido recalca que “según la Auditoría de Titsa de 2015 el 74% de las personas clientes de este servicio no usan o no tienen coche”.

Con respecto a la nueva tarjeta de transporte Tenmás, cree que “se deben activar mejores sistemas de recarga y compra, más fáciles y accesibles para la ciudadanía, que no implique el traslado a puntos lejanos para poder confirmar o realizar los pagos”. En este sentido opina que es conveniente que se incorpore dispositivos para recarga a la red de paradas actuales, especialmente en las zonas más alejadas de las paradas del tranvía o los intercambiadores. “Sería preocupante que empeoren los datos de la guagua frente al tranvía por este tipo de carencias, que hablan de cierta improvisación a la hora de implementar cambios como este, que no pueden ser solo titulares electoralistas”, manifiesta.   

“Tanto Tenerife, como La Laguna, necesitan mejoras urgentes a nivel de movilidad sostenible, los responsables políticos no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras las carreteras continúan colapsadas”, finaliza Roca.

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También van a solicitar los expedientes relativos a una edificación semiderruida en el número ocho del Camino Las Gavias

 

El pasado mes de febrero el portavoz de Unid@s se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, junto al diputado de Podemos en el Parlamento canario y vecino de San Benito, Paco Déniz, presentaron más de un centenar de firmas vecinales en contra del grave abandono que sufren más de nueve edificaciones históricas de ese núcleo de población y hasta el momento no se ha producido la respuesta esperada por parte del Gobierno de CC-PSOE.

Hace más de cinco años que los vecinos y vecinas de la zona de San Benito han reiterado su preocupación sobre el mal estado de varias edificaciones de este barrio que presentan un estado ruinoso, lo que conlleva un incremento en los problemas de ratas y de seguridad, e incluso un riesgo de desplome en la vía pública. Entre las edificaciones señaladas en los escritos se encuentra una vivienda histórica, ubicada en la confluencia entre Camino Margallo y la calle José María Balcells, sobre la que se vienen pidiendo actuaciones desde el mandato anterior. Ascanio explica que su grupo pidió actuaciones concretamente en noviembre de 2017 y febrero de este año, pero no se han producido cambios.

Otra edificación que presenta un serio deterioro es la llamada casa de los López Se trata de un elemento patrimonial importante en el ámbito de San Benito, un espacio actualmente en manos particulares, que desde el movimiento vecinal de la zona se ha planteado como una posible sede para un centro ciudadano, entre otras alternativas. Esta vivienda data de las últimas décadas del siglo XVIII, siendo una de las edificaciones más antiguas que existen en este barrio lagunero, que en los últimos años ha sufrido un gran crecimiento urbanístico. Ascanio indica que la edificación conserva el aspecto de las viviendas del campesinado con más recursos, con un gran balcón de madera, siendo uno de los símbolos del lugar. El lugar jugó un importante papel como uno de los espacios utilizados por los laguneros para atender a los enfermos durante la gran epidemia de fiebre amarilla de mediados del siglo XIX, igualmente fue utilizado como acuartelamiento de tropas en las última década del siglo XIX, muchas de ellas participantes en la guerra de Cuba, además de taller hasta fechas recientes. El concejal espera que esta edificación sea incorporada al catálogo de protección municipal que se está ampliando tras una iniciativa de su grupo, “ya que en la actualidad no está bajo ninguna figura que la proteja y podría acabar demolida”.

El edil explica que también van a solicitar los expedientes relativos a una edificación semiderruida en el número ocho del Camino Las Gavias, que “desde hace tiempo está sirviendo para acumular basura, malas hierbas, que incluso ha generado varios conato de incendio que afortunadamente fueron atajados a tiempo”. Es otro ámbito privado, una antigua casa terrera que fue tirada parcialmente y con un proyecto urbanístico, que incluía un nuevo viario entre la calle Nijota y Las Gavias.

Ascanio indica que “la normativa municipal permite el establecimiento de fórmulas que obliguen a las entidades y particulares propietarias de solares o edificaciones en ruina a mantenerlas en un estado adecuado, pudiéndose optar a la ejecución subsidiaria de las mismas e incluso a la expropiación, en el caso de que no se atienda el problema tras muchos requerimientos a quienes ostentan la propiedad”. Además afirma que “existen mecanismos de ayudas económicas específicas que desde un organismo municipal se pueden realizar para recuperar algunas de estas edificaciones, cuando las familias propietarias no pueden hacer frente a una rehabilitación o protección de la misma”.

Finaliza apuntando que “es muy preocupante la inacción que se está viendo y la falta de respuesta ante las peticiones vecinales realizadas y a las solicitudes hechas por los grupos de la oposición”.

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Apuesta por regular mejor las actividades, así como diversificar los lugares destinados a los grandes eventos sociales, comerciales o culturales por el conjunto del municipio

 

María José Roca, concejala de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, considera preocupante que “siga sin asegurar una dotación adecuada de sonómetros para la policía local lagunera, a pesar de las múltiples iniciativas realizadas por nuestro grupo municipal”.

Ya este asunto se abordó en el pleno de septiembre de 2017, y el concejal encargado del área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Jonathan Domínguez, contestó que la información que la policía local no cuenta con ningún sonómetro normalizado y adaptado a las labores del control del nivel de ruido, puntualizó que el municipio cuenta con dos sonómetros que están en manos de la policía de tráfico y que no están adaptados a los requerimientos de la policía local. En la sesión de diciembre del mismo año su respuesta fue que se iba a adquirir un sonómetro y que los que tienen son del área de disciplina urbanística, “con lo que entendemos que sigue siendo una tarea pendiente en este área, de las muchas que tienen, ya que es una dotación totalmente insuficiente”.

“En un municipio con más de 150.000 habitantes, grandes zonas comerciales e industriales, numerosas fiestas, y con importantes zonas naturales, debemos ser más ambiciosos a la hora de desarrollar sistemas para controlar la contaminación acústica que generan ciertas actividades y ayudar a evitar los conflictos que año tras año generan”, manifiesta. La edil lagunera considera urgente que se dote a la policía local de los medios necesarios para evaluar el nivel de ruido, como son los sonómetros normalizados, dispositivos portátiles que garantizan la rápida evaluación del nivel de ruido, uno de los problemas que más conflictos vecinales genera en el municipio.

La edil recuerda que “el problema del ruido lo hemos abordado en asuntos como la TF5 y otros grandes viarios, hablando de la necesidad de ampliar mecanismos de insonorización, también con el incremento del uso de fuegos artificiales de bajo impacto sonoro o con medidas para controlar prácticas ruidosas en ámbitos de protección natural, como la zona de Las Mercedes-Anaga”.

María José cree que La Laguna no puede tener una ordenanza de convivencia que a la hora de la verdad solo es papel mojado, a pesar del esfuerzo vecinal que se hizo en su construcción”. Indica que “hay que avanzar mucho más para lograr un consenso con el problema del ruido en el municipio, combinando la necesidad de ocio con el derecho al descanso de las personas, donde no apostamos por prohibir y sí por regular mejor las actividades, así como diversificar los lugares destinados a los grandes eventos sociales, comerciales o culturales por el conjunto del municipio y no en pocos sitios”.

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Considera fundamental que el equipo de Gobierno se responsabilice del gasto realizado en nombre de toda la ciudadanía

 

El grupo municipal Unid@s se puede preguntó en Pleno de octubre 2016 sobre la inversión que se realizó en 2009 desde el Ayuntamiento de La Laguna para desarrollar el Proyecto CALL cuya finalidad era la de dar a conocer a artistas pictóricos noveles, llevando para ello la exposición de sus cuadros a la calle dentro unos módulos de gran tamaño que servían de expositores móviles, para lo cual se invirtieron unos 18.200 euros, por un proyecto cultural que nunca se llegó a terminar.

Para llevar a cabo este proyecto, que al parecer fue financiado desde el área de Patrimonio del Consistorio lagunero, el Ayuntamiento realizó el pago de 5700 euros a las personas encargadas de hacer el diseño industrial de 16 módulos (2 x 8), que servirían como expositores. El expositor que se diseñó para ello, consistió en 8 módulos, que a su vez se separaban en dos cada uno, pudiendo así contener cada mitad del módulo una obra pictórica, y a la vez cerrarse cuando fuera necesario, manteniendo ambas obras protegidas dentro del módulo compacto. También, se realizó un pago en concepto de adelanto a la empresa Grupo PID, empresa contratada para construir los módulos en fibra de vidrio, por los que se abonaron unos 12.500 euros, alrededor del 30% de su coste total. Según ha sabido el grupo municipal Unid@s se puede, el resto de la factura nunca fue abonada y los módulos no fueron solicitados por parte del Consistorio, a pesar del dinero pagado a cargo de las arcas públicas.

María José Roca, edil de Unid@s se puede afirma que “aunque CC nos contestó en aquel Pleno que ya estaban en contacto con la empresa Grupo PID y que iban a solicitarles que finalizaran los módulos que corresponden a ese 30% que en su momento ya pagó el Ayuntamiento, a día de hoy, casi dos años después, no tenemos noticias de que se hayan realizado las gestiones”.

Desde Unid@s se puede consideran fundamental que el equipo de Gobierno se responsabilice del gasto realizado en nombre de toda la ciudadanía. “Es importante por varios motivos, primero porque el tiempo en que CC derrochaba el dinero de las arcas públicas ha finalizado, tienen una importante oposición que va a fiscalizar no solo donde están empleando el dinero en la actualidad, sino también dónde y cómo lo hicieron en años pasados, por otro lado, porque invertir en cultura es invertir en una sociedad mas libre y mas feliz”, finaliza Roca.

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Esta formación recuerda que fue el propio José Alberto Díaz quién, en la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo de 2015, se comprometió a potenciar este órgano.

 

José Marrero, concejal de Unid@s se puede, señala que el retraso en la puesta al día del Reglamento del Consejo Municipal Escolar es otro de los incumplimientos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, en manos de CC y PSOE, pese a llevar más de tres años comprometiéndose a su activación. Este grupo considera que este espacio serviría para mejorar la participación de la comunidad educativa del municipio, sobre todo para mejorar las vías de diálogo y de este modo contribuir a una mejor calidad educativa en La Laguna.

Desde Unid@s se puede señalan que en mayo de 2015, en plena campaña electoral, el actual alcalde José Alberto Díaz se reunía con miembros del Consejo Educativo de Canarias, órgano consultivo autonómico con sede en La Laguna, y declaraba que potenciaría el Consejo Municipal Escolar con el asesoramiento de dicha entidad. Pero tras tres años, varias preguntas de la oposición en el pleno, reuniones con la concejala del área e incluso una moción al respecto aprobada por unanimidad, la situación sigue como al principio.

En otoño de 2015 los concejales de Unid@s se puede José Luis Hernández y José Marrero mantuvieron un encuentro con Atteneri Falero, concejala del área de educación, y en ese encuentro los concejales de Unid@s se puede trasladaron su disposición a colaborar en lo que sea posible. “En aquel encuentro, la concejal responsable del área, nos prometió que nos enviaría el borrador de la actualización del reglamento en tan solo un mes, pero ese mes se ha transformado en años”. Marrero recuerda que “tal y como está redactado el reglamento ahora mismo solo tendrían representación el equipo de gobierno y el grupo mixto, obedeciendo a la representación política que había en la legislatura en la que se elaboró”.

El Consejo Municipal Escolar es un órgano de participación ciudadana cuya función es crear sinergias entre el ayuntamiento, las asociaciones de padres y madres del alumnado y los centros escolares de un determinado municipio en temas que conciernan a la comunidad educativa de ese territorio. La última actualización del Reglamento Municipal Escolar del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna data del año 2006. Unid@s se puede considera que se debe de reactivar el Consejo antes de que comience el curso escolar.

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Piden la convocatoria de la Mesa de la Memoria, tras el compromiso de la concejala responsable del área en el pleno de abril de este año

 

El portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, considera un buen paso el cambio de nombre de la antigua calle Capitán Brotons por el de Alonso Suárez Melián, último alcalde republicano de La Laguna, cumpliendo con ello con parte de su moción aprobada en el pleno ordinario de abril de 2016.

“Este jueves además se cumplen justo 82 años de la detención de este representante público por los golpistas y su traslado a diversas prisiones, así como al campo de trabajo forzados de lo que hoy es el aeropuerto de Los Rodeos”, comenta el concejal de la confluencia lagunera. Ascanio recuerda que fruto de los acuerdos plenarios de esa moción de hace dos años se ha logrado que cambien Calvo Sotelo, denominada ahora Leonardo Torriani, Santiago Cuadrado que llevará el nombre de Cristino de Vera, José Antonio, que se denominará Presidente Adolfo Suárez y Delgado Barreto que será rebautizada como Pedro Zerolo.

Lamenta al mismo tiempo que otros elementos de esa moción sigan sin desarrollarse, concretamente los referidos a otras vías que incumplen con la Ley, como Ernesto Ascanio y León Huerta, Centurión o Narciso de Vera. También está pendiente de realizarse la colocación de la placa que recuerde a los once laguneros asesinados y enterrados, según la memoria oral, en el cementerio de San Juan, entre los que estaba el concejal comunista Domingo García. Tampoco se han colocado las imágenes que recuerden a los ediles asesinados, Sebastián Perera y Domingo García, mientras sí se mantiene el retrato en el salón anexo al pleno de Santiago Cuadrado, militar golpista colocado como alcalde la jornada del 18 de julio y encargado de las primeras depuraciones del personal del Ayuntamiento, sindicalistas, cargos públicos y militantes de izquierda.

Pendientes de la Mesa de la Memoria

Rubens Ascanio recuerda que en el pleno del mes de abril acordaron retirar una moción destinada a dar más pasos en el cumplimiento de la Ley de Memoria, tras el compromiso de la responsable del área de Presidencia y Planificación, Mónica Martín, de poner en marcha la Mesa de la Memoria, aprovechando además la colaboración del cronista oficial de La Laguna, Eliseo Izquierdo. Tres meses después la formación lagunera no tiene noticias de su convocatoria, considerando que la misma “debe ponerse en marcha lo antes posible para seguir avanzando en algunos asuntos pendientes”.

A este respecto recuerda que sus propuestas en esa ocasión se vinculaban con la identificación de los lugares que fueron el centro de la represión política en el municipio. En este caso se refiere a lugares como la cárcel de la calle Consistorio y los antiguos salones del centro de reclusión de Rancho Grande, que proponen que sea protegido, ya que en el proyecto de Plan General se ubicarían suelo para oficinas sobre su estructura, estudiando paralelamente fórmulas para su adecuación como espacio de la memoria de la represión franquista. Igualmente defienden la colocación de placas explicativas en los lugares donde se utilizó mano de obra forzada, como en el aeropuerto de Los Rodeos, donde trabajaron en las obras de la pista, y en la antigua vía militar de San Roque. Otro elemento que debe ser abordado es el de la retirada de las medallas de bronce a los voluntarios del 18 de julio, otorgadas en el pleno del 26 de junio de 1967 del Ayuntamiento de La Laguna por “encuadrarse en las filas del Ejército dispuestos a defender la patria”. El edil de Unid@s se puede entiende que ese acuerdo plenario sigue vigente y “debe ser revocado, igual que se hizo con la entrega de la medalla de oro de la ciudad a Franco en 1966, que se resolvió finalmente en el 2016, tras dos años de inacción”.

El concejal indica que en caso de no convocarse esta Mesa optarán por volver a presentar la moción antes de finalizar el año, “para poder avanzar en el recuerdo de las víctimas de la represión franquista y en señalar los incumplimientos de lo que establece la legalidad, donde esperan encontrar una vez más el apoyo mayoritario del pleno”.

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La Hoya Baja es una pequeña calle del pueblo de La Punta, que une la parte alta del pueblo y la carretera general, con la parte baja, más próxima al mar. Una zona donde conviven familias y pisos turísticos. Dicha vía, angosta y curiosa, no tiene salida, sino que acaba en unas anchas escaleras bastante inclinadas.

Al solo existir escaleras, las personas que van con carrito de bebé o personas con movilidad reducida que van en silla o muletas sufren una gran incomodidad, teniendo que utilizar vías alternativas más alejadas y en algún caso, más inclinadas”, afirma Idaira Afonso.

Las escaleras a las que se alude y tal como se indica, presentan una importante inclinación, por lo que habría que estudiar la mejor solución para la ubicación de una rampa o similar, que garantice el derecho de todas las personas a poder transitar. “Es necesario ir dando a conocer las zonas en las que no se está cumpliendo con la accesibilidad, con afán de mejora y de ir conquistando derechos, y este es uno de esos casos”, afirma Afonso.

Personas mayores, padres y madres con carritos de bebé o personas con algún tipo de problemas de movilidad, deberían poder ir de un punto a otro con comodidad, sin necesidad de alargar el trayecto o realizándolo con menor seguridad,“especialmente porque en este caso, es posible buscar una alternativa”, concluye Afonso.

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La propuesta que defendió el concejal de seguridad para el nuevo depósito es una localización cercana a Pueblo Hinojosa, clasificada en el Plan General como zona verde

 

La principal fuerza de la oposición en el consistorio lagunero ha respondido este jueves a las acusaciones vertidas por el concejal de Seguridad Ciudadana, Jonathan Domínguez, que responsabilizaba a esta formación, de haber votado en contra del nuevo emplazamiento previsto por el grupo de gobierno en Pueblo Hinojosa y del retraso en la puesta en marcha del nuevo depósito municipal de vehículos.

Para Unid@s se puede “la localización donde el grupo de gobierno pretendía ubicar el nuevo depósito de vehículos, que se encuentra en Villa Hilaria, está ubicado un lugar calificado urbanísticamente como zona verde y cercana a viviendas, por ese motivo y por lo que establece el pliego de condiciones del servicio municipal de grúas, votamos en contra de esa iniciativa”. En la sesión plenaria donde se debatió el asunto, en noviembre de 2017, el consistorio rechazó por trece votos una moción de XTF-NC para la reconsideración de la inversión pública en el nuevo depósito de grúas municipal y aprobó una enmienda de sustitución, defendida por el propio Jonathan Domínguez, donde figuraba el polémico emplazamiento y que se pedía que se continuara la tramitación “con carácter de urgencia” con ese expediente, “lo que tampoco han cumplido, no sabemos si por haber atendido a nuestra propuesta y a la del movimiento vecinal de la zona de búsqueda de un lugar alternativo, que tampoco se ha realizado en estos ocho meses”.

“Le recomiendo al señor Domínguez que hable más con el personal de la casa para conocer la verdadera situación del servicio y poner solución a un problema que solo requiere de voluntad política” comenta el concejal de Unid@s se puede, José Marrero. El edil recuerda además que “el grupo de gobierno municipal no ha ejecutado dicho acuerdo plenario ni tampoco ha seleccionado una localización alternativa, una muestra más de su inacción”.

El edil lagunero pide que el Gobierno de CC-PSOE “deje de acusar a la oposición de todos sus males y se ponga manos a la obra en la búsqueda de un suelo público adecuado para ese emplazamiento”.

El servicio de depósito municipal de vehículos corresponde, según normativa municipal, al mismo licitador que gana el concurso del servicio de grúas. El actual concurso fue ganado en el año 2004 por la cooperativa Grúas Poli, famosa por ser el epicentro del mediático “Caso Grúas”, caso en el que figuran como imputados el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el portavoz del grupo Coalición Canaria, Antonio Godiño.

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José Marrero, concejal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, registró hace unos días una solicitud de información para conocer el proyecto de ampliación y mejora de las oficinas municipales, así como para alertar del riesgo que supone el actual depósito de vehículos retirados de la vía pública por las grúas municipales.

El edil indica que desde hace meses el aparcamiento del Ayuntamiento se encuentra en una situación preocupante por el cúmulo de vehículos existentes, procedentes de retiradas de coches y motos de la vía pública por las grúas que realizan este servicio. “Estos vehículos ocupan un amplio espacio, estando en algunos casos en condiciones técnicas muy precarias y sin las condiciones de seguridad que deberían, especialmente aquellos accidentados”, explica.

Marrero indica en su escrito que en la actualidad “este lugar tiene un fácil acceso desde la calle, no cuenta con una estricta vigilancia y además linda con oficinas municipales y lugares como el Archivo Histórico Municipal, lugar que engloba algunos de los documentos claves para conocer nuestra historia”. En ese sentido considera que la situación actual “supone un riesgo para el conjunto de las casas Consistoriales y para el propio servicio de retirada, que lleva años envuelto en la polémica”. Por ello creen necesario “buscar suelo público alternativo y adecuado para ubicar este depósito provisional que no suponga un riesgo y en donde las condiciones de seguridad sean más mejores”.

Igualmente la formación lagunera quiere conocer los datos que existan sobre el proyecto de ampliación y mejora de las oficinas municipales, que desde hace años se plantea y que “puede suponer una sensible mejora en las condiciones de trabajo de buena parte de las personas que trabajan en el Ayuntamiento y además una medida que favorezca la accesibilidad de las instalaciones municipales, así como un sensible ahorro en lo que actualmente se paga como alquileres para ubicar espacios de oficina municipal”. Marrero cree que es necesario “trabajar entre todas las organizaciones con presencia municipal para tratar este asunto, que puede ayudar a tener un Ayuntamiento más eficiente y cercano a la ciudadanía, igual que si logramos aplicar esas mejoras en las actuales tenencias de alcaldía o las que se quieran tener en un futuro, como el caso de Taco”.

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