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Sí se puede exige que el refugio pesquero se ubique donde está la Cofradía de pescadores en Las Teresitas

El portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, denuncia “la intención del alcalde José Manuel Bermúdez de acabar con la actividad pesquera en el pueblo de San Andrés”. La organización ecosocialista exige que el refugio pesquero de San Andrés se sitúe donde está ubicada actualmente la Cofradía de pescadores del pueblo, en la playa de Las Teresitas.

Las declaraciones de Arcila son su conclusión tras el rechazo del grupo de gobierno municipal de CC-PP a la moción ecosocialista en el pleno del viernes pasado, en el que ambos partidos votaron en contra de garantizar el mantenimiento de la actividad pesquera en el mismo lugar de Las Teresitas donde se encuentra desde hace 40 años, al negarse a expresar su respaldo a la demanda de los pescadores en este sentido.

Igualmente, el gobierno de CC-PP se negó a sacar del “limbo jurídico” la zona donde desarrollan la actividad actualmente mediante su inclusión en el planteamiento municipal, tal como propuso la organización ecosocialista en la moción presentada con este fin en la sesión plenaria de septiembre.

A juicio de Sí se puede, “al gobierno de CC-PP le sobran los pescadores en el proyecto de la playa de Las Teresitas”, dice Arcila; sin embargo, para la organización ecosocialista, “es indispensable mantenerlos en el lugar que ocupan en desde hace cuatro décadas, porque constituyen una parte esencial del proyecto de desarrollo sostenible para San Andrés”.

La importancia económica y social que representa la actividad pesquera artesanal para el pueblo de San Andrés “está fuera de toda duda”, señala el portavoz ecosocialista. Se trata de cinco siglos de actividad económica que han generado beneficios, cultura, idiosincrasia, y en las que las últimas cuatro décadas se ha mostrado esencial, porque genera puestos de trabajo directos en el sector –que experimenta un incremento a raíz de la incorporación de profesionales jóvenes– y porque es una garantía de desarrollo local, al incidir de forma significativa en el sector de la restauración. 

El limbo jurídico que apunta Sí se puede consiste en que la ubicación actual del edificio de la Cofradía de Pescadores y sus instalaciones anexas en el espigón sur de Las Teresitas se encuentran en dominio público marítimo-terrestre y corresponde otorgarle la categoría jurídica que proteja la permanencia de la actividad económica y de las instalaciones esenciales ya existentes, como el restaurante de la cofradía, un punto de primera venta, una grúa para operaciones con las embarcaciones, un punto de suministro gasoil, un cuarto de aperos de pesca en el espigón, una zona de fondeo y atraque de embarcaciones de pescadores y náutico-deportivas, un punto limpio y un almacén de hielo.

A esas instalaciones habría que añadir otras instalaciones pesqueras necesarias para un mayor y mejor desarrollo pesquero: el traslado de los cuartos de aperos para evitar situaciones de riesgo por temporales; crear una zona de varadero, e instalar un local para venta de productos pesqueros.

La situación actual de los pescadores de San Andrés “es insostenible”, porque “no sabemos dónde podemos estar”, aseguró en el pleno José Luis Déniz, representante de la Cofradía de Pescadores del pueblo chicharrero durante su intervención en el turno de participación ciudadana. Además, “es insólito que en 40 años no se haya legalizado la situación”, añadió en el mismo turno Fernando Gutiérrez, presidente de la Federación Regional de Cofradías de Canarias, quien aseguró que “se quiere sacar de la costa a los pescadores y por eso se atropella a herederos de la costa canaria”. Gutiérrez recordó en su intervención que “los pescadores San Andrés no rechazan proyecto de Las Teresitas, solo piden mantener su lugar en la playa”. 

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Pedro Fernández Arcila dice que en cinco años no se ha hecho nada por resolver el daño irreparable a las propiedades de miles de vecinos de Santa Cruz 

Sí se puede alerta de que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, “quiere aprobar el antiguo fuera de ordenación con irresponsabilidad y alevosía”, según ha expresado el portavoz del grupo municipal ecosocialista en la corporación de la capital tinerfeña, Pedro Fernández Arcila, ante la noticia publicada este martes sobre la resolución de los reparos al Plan General de Ordenación (PGO).

Arcila asegura que “en cinco años no se ha hecho nada por resolver el daño irreparable a las propiedades de miles de vecinos de Santa Cruz”, en referencia al periodo en el que el PGO ha estado pendiente de aprobación. Sí se puede recuerda que en 2011 el gobierno municipal de CC-PSOE solicitó la suspensión de la aprobación del PGO hasta que se resolviera la situación del fuera de ordenación, “un asunto que había alarmado a miles de vecinos de Santa Cruz, que veían que sus viviendas se depreciaban por una decisión urbanística”, señala el portavoz.

La aprobación definitiva y parcial del Plan llegó unos años después, en julio de 2013, según un acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), que mantuvo la suspensión de la ordenación en las zonas saturadas. “Entonces, el gobierno municipal de CC-PSOE volvió a prometer que el asunto se resolvería en las áreas afectadas por esta decisión”, recuerda Arcila.

“Nada de ello se hizo, y ahora, tras más de un año de gobierno de CC con el PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz, se anuncia que se va a proceder a levantar la suspensión que pesa sobre estas zonas saturadas, dejando en una situación de clara indefensión a miles de chicharreros, que verán cómo el valor de sus viviendas quedará directamente afectado por esta medida, y que, conforme a recientes sentencias del Tribunal Supremo, afectará de lleno al tráfico mercantil e hipotecario”, advierte el concejal de Sí se puede.

Arcila destaca que “aun cuando en la actualidad se ha procedido a cambiar la nomenclatura, y se pasa a hablar de ‘situación legal de consolidación’, debe recordarse que los efectos sobre el valor de los terrenos son los mismos que cuando se usaba la expresión ‘fuera de ordenación’”.

Sí se puede considera que, de aplicarse la medida anunciada, los partidos que gobiernan el Ayuntamiento capitalino están haciendo gala, una vez más, de su desprecio a los fundamentos de un sistema democrático, porque “no se pueden buscar caminos paralelos para evitar el incumplimiento de las normas, y, además, porque disimulan con maquillajes de palabras una medida impopular, que fue el motor de las movilizaciones sociales más importantes de los últimos años en Santa Cruz de Tenerife, en un actitud que no es más que una tomadura de pelo y un desprecio a la ciudadanía”. 

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