Jueves, 19 Abril 2018

Valverde trabajará para evitar que las familias pierdan su residencia habitual

  CP El Hierro
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Canarias Plural_

Redacción El Hierro

 

El Consistorio se adhiere al programa ‘Canarias + Viviendas x Familia’, del Gobierno de Canarias, para hacer frente a los procesos judiciales o extrajudiciales de pérdida de vivienda

 

El Ayuntamiento de Valverde y la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias han firmado un convenio de colaboración por el que el municipio se adhiere al programa autonómico 'Canarias + Viviendas x Familia', que promueve el acceso a la vivienda de las unidades familiares que han perdido o estén en riesgo de perder su residencia habitual por un proceso judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio, incluso ante su inminente lanzamiento.

La concejala de Servicios Sociales, Oihana Reyes, destaca que “este programa, gestionado por la empresa pública Visocan, establece un protocolo unificado de acción entre administraciones local y regional para hacer frente a las situaciones indeseables de procedimientos judiciales o extrajudiciales de pérdida de vivienda por merma de la capacidad económica, bien por no poder pagar la hipoteca, el alquiler o la comunidad”.

El alcalde, Daniel Morales, explica que el citado programa ofrece asesoramiento y mediación a quienes se encuentre en situación de riesgo habitacional, seguimiento y acompañamiento a las personas o unidades de convivencia adheridas al programa y elaboración y gestión de un parque de viviendas para alquiler social.

El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, se compromete a coordinar la intervención de los ayuntamientos y su adhesión al referido programa, informar al consistorio para el desarrollo del mismo, facilitar el modelo de informe social y ficha de derivación respectivas, asesorar técnica y jurídicamente en materia de vivienda y aportar una bolsa de viviendas a añadir.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valverde, en aras de intentar paliar o solucionar la precariedad de la situación analizada, ha de comunicar a la empresa pública de promoción de viviendas protegidas del archipiélago, Visocan, un informe social en un plazo de 10 días.

El presente convenio no genera obligaciones económicas ni para el Gobierno de Canarias ni para el Ayuntamiento, sino que persiguen el fin social de la contribución al bienestar de la familias.